La analista advirtió que la fiscalía actúa con celeridad extrema únicamente contra los opositores. Mientras tanto, los casos de corrupción que salpican al círculo cercano del Gobierno Nacional parecen ser ignorados sistemáticamente por la justicia
"Vemos una instrumentalización del poder punitivo para fines de persecución política", afirmó Luzárraga. Para la jurista, la institución se ha convertido en un brazo ejecutor que persigue a personas y no delitos.
Este fenómeno de justicia selectiva no es nuevo, según explicó la abogada durante su intervención. Aseguró que el país padece esta situación desde hace nueve años, afectando a políticos, periodistas y dirigentes.
El Rol del Consejo de la Judicatura
Luzárraga enfatizó que la independencia judicial es casi imposible bajo el esquema de selección actual. Criticó que las autoridades de control nazcan de procesos viciados y de imposiciones "a dedo" de sectores poderosos.
Para la especialista, el Consejo de Participación Ciudadana ha fallado en su misión institucional. En lugar de elegir a los mejores perfiles, se terminan designando a los funcionarios más funcionales al régimen.
"Nada va a cambiar mientras se elija a personajes complacientes con el poder de turno", sentenció. Esta falta de autonomía debilita profundamente el sistema de contrapesos necesario en cualquier democracia constitucional moderna.
Reformas necesarias y solvencia moral
Sobre posibles soluciones, Luzárraga no cree que el cambio deba ser únicamente a nivel legal u orgánico. Ella propone elevar la vara de los requisitos para los candidatos y para quienes los eligen.
La analista subrayó que tener títulos académicos no es sinónimo de poseer solvencia moral. Esta última se demuestra con una trayectoria coherente, libre de cuestionamientos en los ámbitos públicos y también privados.
"El que tiene padrino se bautiza", comentó con ironía sobre la frustración que siente la ciudadanía. Esta percepción de favoritismo desmorona cualquier intento de realizar una selección útil para el bienestar del país.
Infiltración del crimen organizado
Un tema alarmante abordado fue la cooptación de jueces y fiscales por parte de mafias. Luzárraga explicó que algunos funcionarios operan por intereses económicos, mientras otros lo hacen por miedo a represalias.
Sin embargo, denunció que el Consejo de la Judicatura no cumple su rol de supervisión real. Hasta el momento, no existen estadísticas claras sobre jueces procesados por ser serviles a grupos del crimen organizado.
La abogada instó a la institución a auditar procesos donde sospechosamente se libera a delincuentes peligrosos. Sin una función de gobierno fuerte y eficaz, la impunidad seguirá reinando en los tribunales ecuatorianos.
El caso de Mario Godoy y la Impunidad
Respecto al juicio político contra Mario Godoy, Luzárraga sostuvo que su salida no es la solución definitiva. Argumentó que el resto de vocales en el Consejo de la Judicatura también están altamente cuestionados.
Considera que el Gobierno Nacional intentará disputar nuevamente el control de este organismo clave. Por ello, la analista sugiere que la censura política debe ir acompañada de investigaciones penales por casos de corrupción.
"Se requiere una articulación ciudadana para vigilar lo que hace el Consejo de la Judicatura", añadió. Solo así se podrá impedir que la función judicial siga siendo un botín de la clase política.
Un Sistema Judicial Colapsado
Al finalizar, la abogada fue enfática al decir que el ciudadano común no puede confiar en la justicia. El sistema está colapsado no solo en materia penal, sino también en lo civil y familiar.
Luzárraga denunció que los servidores judiciales trabajan en condiciones inhumanas y sin recursos básicos. En muchos casos, los funcionarios deben costear de su propio bolsillo insumos como papel, carpetas y bolígrafos.
El abandono institucional y las fallas estructurales han dejado a las víctimas en total desamparo. Sin un plan de protección y mejora real, la justicia seguirá sirviendo solo a quienes tienen poder económico.
