La institucionalidad en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. Entre renuncias en la Corte Nacional de Justicia y un juicio político en marcha contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la confianza ciudadana se desvanece. En el espacio de entrevistas de Manavisión Plus, el licenciado Pablo Escandón, docente investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, desglosa los hilos políticos que mueven estos procesos y la preocupante ausencia de una agenda legislativa que responda a las necesidades reales de los ecuatorianos.
-Licenciado, el caso de Mario Godoy marca la agenda política. ¿Qué podemos esperar de este juicio político cuyo cronograma podría extenderse hasta febrero? ¿Por qué él no renuncia como lo hicieron otros altos cargos?
Ahí tenemos un tema procedimental y un tema ético, que no necesariamente lo ético tiene relación con lo procedimental. En ese sentido, el doctor Godoy tiene una licitud procedimental, pero éticamente no está en capacidades de seguir ahí, a pesar de que ya hay voces que le han dicho que debe salir. Lo que él está haciendo es ganando tiempo para el juicio político e incluso puede estar ya moviendo algunos votos a su favor para que no haya sanción. Él está esperando tener una salida que no tenga una sanción desde la Asamblea; posiblemente luego pueda presentar la renuncia o definitivamente quedarse el tiempo designado. Su salida sería lo ideal para renovar no solo la presidencia, sino varios de los vocales.
-¿Cómo afectaría esto a la estructura del aparato judicial?
Esto quitaría mucho piso a la institucionalidad, porque estamos con fiscal encargado y se quedaría sin estructura el Consejo de la Judicatura. Hemos visto un relevo en la Corte Nacional de Justicia que busca dar un carácter de institucionalización, de que existe la institución de la justicia, pero desde la parte administrativa tenemos estos errores.
-Con Marcos Rodríguez como nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué cambios se esperan en el manejo del caso Mario Godoy?
Muchos cambios no se pueden esperar porque la Corte Nacional trabaja a la par con el Consejo de la Judicatura, que es la parte administrativa. Siempre van a tener que estar trabajando sincronizadamente porque muchos jueces dependen de ciertas sanciones o llamados de atención que pueda hacer la Judicatura. Ahí tenemos una pugna de autoridades y relaciones; la Corte Nacional debe tener una relación institucional que no esté vinculada con intereses personales. Pero como lo veo yo, no va a haber mucha diferencia.
-Venimos de un expresidente de la Judicatura (Wilman Terán) hoy tras las rejas. ¿Qué diferencia este caso del actual escenario con Mario Godoy?
Son dos casos distintos. El caso de Wilman Terán fue por un tema completamente vinculado a grupos delincuenciales con una investigación directa de Fiscalía. Acá lo que tenemos son presunciones a nivel jurídico que todavía no han sido demostradas y que dan paso al juicio político. A lo que está jugando Godoy principalmente es al tema político para que no haya una indagación penal en el caso de ser sancionado por la Asamblea.
-¿Existe entonces una estrategia para evitar que la sanción política escale a lo penal?
Claro, porque el tema de Godoy tiene relación con su labor profesional anterior a ser puesto en el cargo, igual que con sus socios. Son temas administrativos los que se están cuestionando y no hay nada que Fiscalía haya iniciado aún. Godoy está trabajando a nivel político para su sanción o no sanción, pero también debe tener su estrategia para saber que eso no vaya a una indagación penal o civil. Es una estrategia de defensa y protección.
-El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) es quien lo designó. ¿Cómo volver a confiar en este organismo para futuras elecciones de autoridades?
Un grupo colegiado elegido por votación siempre va a tener una influencia ideológico-partidista. Hemos visto influjos partidistas, convenios, necesidades y lobby. El Consejo es el que debería estar mejor blindado para que sus vocales tengan una elección de autoridades mucho más objetiva, técnica y menos influenciada por intereses coyunturales. Lamentablemente no ha funcionado como la "panacea" que se propuso al inicio porque está constituido por seres humanos con necesidades y voluntades de movimientos políticos.
-Ante esta controversia, ¿cuál es el estado real de la credibilidad del sistema de justicia en Ecuador?
El sistema de justicia es una de las instituciones que menos credibilidad tiene. Las instituciones sociales menos favorecidas son la Asamblea, el Poder Judicial e incluso los medios de comunicación. La gente se pregunta para qué elevar algo a un proceso judicial si no hay reales procesos de equidad o deliberación, sino que lo que importa es con cuánto puedo sobornar o cómo influenciar a ciertos actores. Es un poder del Estado que no tiene credibilidad.
-¿Debería desaparecer el CPCCS o qué reformas se necesitan?
No es tan "inepto", lo que sucede es que hay una lógica de trabajo que no funciona. Si no se puede anular o extinguirlo, deberían darse modificaciones al reglamento y a sus procedimientos; desde su creación hasta acá no hemos tenido reformas a su constitución. La Asamblea tiene toda la potestad para hacer reformas constitucionales, pero a la Asamblea no le interesa que exista este espacio porque le hace competencia y lo que quiere es que le regresen esas capacidades de designación. No hay voluntad política porque eso sería perder ciertos votos o afinidades.
-En la Asamblea se ve una disputa constante. Una legisladora de la Revolución Ciudadana afirmó que quien no vote por la destitución de Godoy es "cómplice del narco". ¿Qué lectura le deja este ambiente?
Este tipo de altercados lo único que hace es mantener vigentes los elementos de pelea y polarización. La Asamblea genera una agenda política dentro del debate nacional pero sin una definición precisa. No se están debatiendo las transformaciones necesarias, sino principalmente las agendas de lo que propone el Ejecutivo. La oposición no ha generado una agenda efectiva; todo depende de si me opongo o favorezco al gobierno. Hemos vuelto a los años 80 con las pugnas de poderes. El Ejecutivo marca la agenda y la legislatura no lo hace.
-¿Qué temas urgentes se están quedando fuera de la mesa legislativa por falta de liderazgo?
Falta liderazgo político, no tenemos figuras serias que propongan cosas, sino actores histriónicos. Deberíamos debatir la producción energética, la cooptación de grupos delincuenciales en la educación y la transformación universitaria frente a la intervención de universidades extranjeras. Sobre los medios de comunicación no se ha hecho nada para potenciar contenidos digitales. Temas del sector productivo, comercial e incluso el deporte y las apuestas que campean libremente deberían ser regulados. Pero a ellos solo les interesa hacer oposición o favorecer al gobierno.
-Para cerrar este diálogo, ¿qué mensaje final le deja a la ciudadanía que observa este "drama" político?
Estamos frente a dos instituciones que quieren recuperar la credibilidad: la Asamblea y el Consejo de la Judicatura. El flaco favor que hizo Godoy frente a la Asamblea fue decir "no me importa nada", dilatando el tiempo. Lo que necesitamos los ecuatorianos es fortalecer las instituciones, no acabarlas. La confianza se da con el tiempo, pero hay que empezar por el fortalecimiento y ayudar a que este tipo de autoridades no vuelvan a estar en estos espacios.