La crisis que atraviesa hoy el fútbol ecuatoriano no solo se juega en las canchas. Se libra también en despachos judiciales y hasta en las calles , donde la violencia ligada a las apuestas ilegales ha comenzado a cobrar vidas.
El periodista deportivo Eduardo Andino es una de las voces que más ha insistido en denunciar la infiltración criminal en el deporte.
Andino relató en una entrevista con Teleamazonas que fue censurado y finalmente separado de una radio donde trabajaba, después de que un anunciante principal -una casa de apuestas- amenazó con retirar toda su pauta publicitaria.
Aseguró que en su programa jamás mencionó a la empresa en cuestión, pero la sola existencia de sus investigaciones fue considerada una amenaza para su imagen. La estación optó por “silenciarlo” con un mes de vacaciones obligadas y, al regreso, se negó a pagarle el salario correspondiente. Ese episodio, según el periodista, evidencia hasta qué punto los tentáculos del negocio de las apuestas condicionan ya la independencia editorial.
El trasfondo de su denuncia se inserta en una problemática global. Andino cita datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: cada año se mueven 1.7 billones de dólares en apuestas ilícitas, de los cuales 140.000 millones se blanquean mediante pronósticos deportivos. Ecuador no es ajeno a esta dinámica.
Un informe del Observatorio del Crimen Organizado señala que las apuestas deportivas, especialmente las ilegales, constituyen un escenario idóneo para el lavado de activos, atrayendo a organizaciones narcodelictivas interesadas en manipular competiciones para legitimar dinero ilícito.
En esta atmósfera de creciente riesgo, un técnico de primera división confesó a Andino que se siente “atado de pies y manos”. Jugadores que son extorsionados, deportistas sorprendidos amañando partidos y presiones externas se han vuelto parte del día a día, afectando la justicia deportiva.
La FIFA, consciente del peligro, prohíbe la publicidad de casas de apuestas en uniformes arbitrales, salas de VAR y zonas de jueces, reconociendo la vulnerabilidad de estas áreas esenciales para la transparencia del juego.
Los hechos recientes en Ecuador confirman la gravedad. El primer caso con sanción directa se registró en 2023: el defensor de Libertad FC, Milton Bolaños, fue suspendido por dos años por sus vínculos con apuestas deportivas, y la sanción fue ratificada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en 2024. El club también fue castigado con cuatro puntos menos y una multa de 30.000 dólares.
Pero esto fue solo el comienzo. En 2024, futbolistas de Chacaritas FC fueron retenidos y amedrentados por encapuchados armados para favorecer apuestas ilícitas. Y en 2025 estalló el escándalo del partido Gualaceo vs. Chacaritas (Serie B), calificado con el máximo nivel de alerta por la empresa británica Stats Perform.
Más de 140.000 dólares en apuestas previas coincidieron con el resultado final (3-2), y posteriormente surgieron videos, audios y capturas de Telegram que apuntaban a un amaño deliberado. La estructura directiva de Gualaceo, que incluiría supuestos inversionistas con antecedentes judiciales, fue señalada como un “riesgo grave para la integridad de la competencia”.
El clima se tensó aún más en septiembre de 2025, cuando tres futbolistas de Segunda Categoría y Serie B fueron asesinados en un lapso de nueve días, todos en circunstancias vinculadas a las apuestas ilegales, señaló la Policía. El caso más dramático fue el de Jonathan González , del club 22 de Julio, acribillado en su propia vivienda después de recibir amenazas por negarse a manipular resultados. La Policía ha vinculado estos crímenes directamente con el accionar del crimen organizado.
Frente a esta situación, la Dirección de Integridad y Antipiratería de la LigaPro, en un informe firmado por Gabriel Drouet, concluyó que en el país opera ya una “estructura organizada de manipulación de resultados y apuestas deportivas ilegales”.
El documento, elevado al Comité Disciplinario de la Cámara de Comercio de Guayaquil, recomienda expulsar y suspender de manera definitiva a los equipos implicados, argumentando que el daño ocasionado es “extraordinariamente lesivo” para la imagen del fútbol nacional.
Tanto la FEF como diferentes actores del sistema judicial y policial coinciden en que tipificar el amaño de partidos dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es indispensable. Países como Brasil y Paraguay ya han dado este paso, y la f ederación ecuatoriana prepara un proyecto para remitirlo a la Asamblea Nacional. (10).
