En un nuevo giro en la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la jueza Daniela Ayala, recientemente reintegrada tras una suspensión, firmó una providencia el 14 de enero de 2026 que retrasa su excusa para apartarse del caso.
La magistrada requirió a la fiscal Ana Hidalgo que explique por qué no pidió la inhibición de jueces ordinarios, en un contexto donde se busca vincular a tres sospechosos con presuntos lazos a delincuencia organizada. Esta medida surge mientras el proceso penal avanza hacia la determinación de autores intelectuales del homicidio. El hecho ocurrió agosto de 2023 durante un mitin en Quito.
Providencia de la jueza Ayala sobre sospechosos
El lead de la providencia se centra en la petición de Hidalgo para incorporar al proceso a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’; y Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’. Según Ayala, estos individuos tendrían nexos con un grupo de delincuencia organizada en calidad de líderes, información que, a su juicio, ha sido difundida por medios de comunicación.
Según diario Expreso, la jueza argumentó que este es un "hecho que sería un nuevo elemento que no fue conocido en la audiencia de formulación de cargos" por ella tramitada, ni estaba en conocimiento de la Corte Provincial. Por ello, consideró que estos antecedentes podrían justificar el traslado del caso a jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado.
Respuesta de la fiscal Hidalgo
En respuesta, la fiscal Hidalgo presentó un escrito el jueves 15 de enero de 2026, refutando la providencia. Hidalgo sostuvo que es "legal y constitucionalmente imposible" que la causa pase a jueces especializados, ya que el tipo penal de asesinato -central en la investigación por el homicidio de Villavicencio- no forma parte del catálogo de delitos de su competencia.
Además, calificó como "incomprensible" que Ayala base su resolución en publicaciones de medios de comunicación, enfatizando que los jueces deben resolver con base en las actuaciones de los sujetos procesales, "nunca en base a personas ajenas y mucho menos a la prensa".
Cuestionamientos adicionales de la Fiscalía
La fiscal también cuestionó otros aspectos de la providencia. Observó que Ayala consideró "un sin sentido jurídico" correr traslado al pedido de revocatoria que Hidalgo presentó para adelantar la audiencia de vinculación de los tres sospechosos, programada para el 28 de enero de 2026 por el juez Geovanny Freire.
Hidalgo había solicitado que se celebre antes de esa fecha. Otro punto criticado fue la disposición de Ayala para registrar el cambio de dirección de correo electrónico del abogado defensor de Marcelo Lasso Saavedra, quien solo rindió testimonio anticipado en la causa y no es un procesado. "¿Es sujeto procesal? ¿Defensa de qué?", interrogó Hidalgo en su escrito.
Solicitudes de aclaración a la Jueza
Ante estas observaciones, Hidalgo solicitó aclaraciones específicas a Ayala. Pidió que la jueza precise si los enlaces de las publicaciones de medios "fueron expuestos por los sujetos procesales" y si la revocatoria para no aplazar la audiencia de vinculación fue "rechazada o inadmitida".
Además, requirió que especifique "de forma clara y precisa" si Lasso Saavedra compareció como uno de los sujetos procesales y que detalle la norma legal bajo la cual atendió el registro del cambio de correo del ciudadano.
Contexto de la audiencia pendiente
Estos intercambios ocurren a dos semanas de la audiencia de vinculación, que se truncó en dos ocasiones durante diciembre de 2025. En esa diligencia, la Fiscalía busca incluir formalmente a los tres sospechosos en la investigación para determinar los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, un crimen que conmocionó al país y que ha involucrado a figuras políticas y presuntos líderes delictivos.
El proceso penal se desarrolla en la Unidad Penal de Quito, bajo la jurisdicción de jueces ordinarios.
Recursos pendientes en la causa
En paralelo, permanecen pendientes las resoluciones sobre apelaciones presentadas por el exministro correísta José Serrano, el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga y el prófugo de la justicia Xavier Jordán, quienes buscan revertir decisiones previas en la causa.
El caso Villavicencio ha revelado presuntos vínculos entre política y crimen organizado, con más de una docena de procesados hasta la fecha, incluyendo sicarios y posibles intermediarios (24).
