La Corte Constitucional de Ecuador tomó una decisión crucial la noche del viernes 19 de septiembre, tras un intenso debate institucional. Daniel Noboa, presidente del país, firmó el decreto 148 esa misma tarde, enviándolo al Consejo Nacional Electoral para convocar una consulta popular. La pregunta propuesta buscaba que los ciudadanos decidieran sobre la creación de una Asamblea Constituyente sin revisión previa de la Corte. Sin embargo, cinco demandas de inconstitucionalidad, incluyendo una presentada por la Revolución Ciudadana, llegaron rápidamente con solicitudes de medidas cautelares.

Los jueces aceptaron las demandas a trámite y aprobaron las precauciones, congelando provisionalmente los efectos del decreto hasta determinar su constitucionalidad. La Corte aseguró que su actuación responde al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, priorizando la protección del Estado de derecho. Por lo tanto, busca evitar daños irreversibles que comprometan la democracia y los derechos de participación de todos los ecuatorianos.

Mientras tanto, el Pleno de la Corte se comprometió a analizar las acciones legales con independencia, celeridad y transparencia, escuchando a todas las partes involucradas. Además, garantizará el derecho a la defensa en cada etapa del proceso judicial en curso. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral ajustó su agenda, originalmente planificada para revisar la convocatoria a consulta y referéndum el sábado 20 de septiembre. Ahora, solo podrá avanzar con el referéndum sobre bases militares extranjeras, debido al pronunciamiento judicial nocturno.

El decreto bajo análisis exhaustivo

Los jueces de la Corte Constitucional revisaron el decreto 148 con máxima urgencia la tarde del viernes, tras su firma por Daniel Noboa. Este documento, enviado al Consejo Nacional Electoral, proponía una pregunta para que los ciudadanos decidieran sobre una Asamblea Constituyente sin control previo. Inmediatamente, organizaciones políticas, lideradas por la Revolución Ciudadana, presentaron cinco demandas de inconstitucionalidad, solicitando medidas cautelares para suspender el proceso. La Corte admitió todas las demandas y aprobó las precauciones, deteniendo temporalmente los efectos del decreto hasta resolver su legalidad.

En este sentido, Ecuador espera una resolución definitiva que podría redefinir el panorama político nacional en los próximos días. Además, las demandas subrayan riesgos de desequilibrio institucional, mientras las medidas cautelares previenen avances que podrían ser irreversibles. Finalmente, la Corte reafirma su compromiso con los principios democráticos, actuando bajo estricta observancia de las leyes vigentes en el país.

Interrupción por falsa amenaza de bomba

La Corte Constitucional enfrentó una interrupción inesperada durante la sesión de revisión del decreto, debido a una supuesta amenaza de bomba esa noche. El personal evacuó el edificio de inmediato, pero la Policía Nacional confirmó que la alerta era falsa tras una exhaustiva inspección del lugar. Los magistrados lamentaron el incidente, que retrasó deliberaciones críticas sobre el decreto presidencial en un momento clave. Este evento resalta vulnerabilidades en la seguridad institucional y genera preocupación en el contexto político ecuatoriano actual. Por tanto, la Corte rechazó cualquier forma de intimidación que busque alterar el curso de la justicia y la democracia en el país.

A pesar del obstáculo, los jueces retomaron el trabajo con determinación, avanzando en el análisis de las demandas presentadas contra el decreto. La falsa alarma no detuvo el trámite judicial, pero sí encendió un debate sobre las amenazas a los procesos democráticos. 

Defensa de la democracia

La Corte Constitucional reafirmó su rol como protectora de los derechos ecuatorianos en un comunicado oficial emitido tras los eventos del viernes. Los magistrados declararon que no son enemigos del pueblo, sino guardianes de la Constitución y los principios democráticos fundamentales del país. Su compromiso protege los derechos de todas las personas en Ecuador, garantizando participación ciudadana en procesos políticos clave. Por ello, el Pleno continuará analizando las acciones de inconstitucionalidad con rigor, escuchando a todas las partes involucradas en el caso.

El derecho a la defensa se asegura en cada fase, mientras la Corte evita riesgos que comprometan la democracia participativa. Además, la institución defiende el Estado de derecho frente a desafíos políticos, operando con independencia absoluta en su labor. La celeridad acelera la resolución de temas que impactan la gobernanza, y la transparencia guía las decisiones que afectan el futuro constitucional. En este contexto, la Corte lamenta los intentos de intimidación que erosionan la confianza pública en las instituciones. Por último, los jueces llaman a rechazar cualquier amenaza a la justicia imparcial, reafirmando su compromiso con un Ecuador democrático y estable.