La Corte Constitucional del Ecuador resolvió este 19 de septiembre de 2025 admitir cinco acciones de inconstitucionalidad y suspender provisionalmente el Decreto Ejecutivo No. 148, emitido por el presidente Daniel Noboa, que disponía la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin control previo de constitucionalidad.

Corte admite acciones contra el Decreto 148

En un comunicado oficial, la Corte informó que sus tres Salas de Admisión admitieron a trámite las cinco causas presentadas por diversos actores sociales y aceptaron las medidas cautelares solicitadas. Esto implica la suspensión provisional de los efectos del Decreto 148 mientras avanza el proceso judicial.

Los jueces recordaron que estas medidas son de carácter temporal y buscan garantizar que cualquier cambio o reforma constitucional siga los procedimientos previstos en la Carta Magna. “La voluntad popular debe expresarse de forma libre, informada y dentro de la ley”, señaló la institución.

Suspensión en medio de amenaza de bomba

Antes del pronunciamiento, la noche del 19 de septiembre, el edificio de la Corte Constitucional fue evacuado tras una supuesta amenaza de bomba. Jueces y personal tuvieron que abandonar las instalaciones mientras la Policía Nacional realizaba una inspección preventiva.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma. Sin embargo, algunos analistas señalaron que el hecho habría sido una maniobra de distracción para evitar que la Corte sesione y emita su resolución. Entre ellos, el abogado Ramiro García.

Pese al incidente, el organismo constitucional se pronunció y comunicó públicamente su decisión.

Corte rechaza intimidación y defiende democracia

En su boletín, la Corte Constitucional calificó el episodio como un acto reprochable y advirtió sobre la importancia de defender las instituciones frente a intentos de intimidación que busquen alterar la justicia y la democracia.

“El respeto a la Constitución es defender la democracia”, enfatizó el comunicado, al tiempo que garantizó que continuará el análisis de fondo con independencia, celeridad y transparencia.

Compromiso con los derechos y el debido proceso

La Corte subrayó que no actúa como enemiga del pueblo, sino como garante de la Constitución y los derechos ciudadanos. Reiteró que su deber es prevenir efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia y el Estado de derecho.

El Pleno de la Corte deberá emitir una resolución definitiva, tras escuchar a todas las partes y asegurar el derecho a la defensa. Mientras tanto, el Decreto 148 permanece suspendido y no podrá ejecutarse.