La Contraloría General del Estado , bajo la gestión de Mauricio Torres desde noviembre de 2023 , ha realizado 108 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juramentadas de jueces, fiscales y servidores judiciales . Como resultado, 59 de estos informes presentan indicios de responsabilidad penal , lo que ha llevado a su envío a la Fiscalía para investigación.
Contraloría identifica anomalías en patrimonios judiciales
Desde el inicio de la actual administración de la Contraloría, 106 exámenes han estado dirigidos a jueces y funcionarios judiciales , y 2 a fiscales . Según cifras oficiales, el 54 % de los informes revela inconsistencias en activos y pasivos, lo que constituye posibles responsabilidades penales .
Adicionalmente, hay 52 auditorías en curso : 33 de ellas enfocadas en jueces y otros servidores judiciales y 19 a fiscales . Estos procesos se basan en denuncias ciudadanas, reportes mediáticos y solicitudes de la Asamblea Nacional.
La Constitución obliga a todos los funcionarios públicos a presentar declaraciones patrimoniales al iniciar, a mitad y al finalizar sus funciones. Esta obligación incluye también momentos en los que la Contraloría lo requiera expresamente.
Gobierno intensifica control a jueces y fiscales
El Gobierno de Daniel Noboa ha lanzado una ofensiva contra decisiones judiciales que favorecen a procesados por delitos graves. El 13 de junio , mediante un comunicado oficial, se anunció que el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizarán análisis patrimoniales. Además revesarían la licitud del origen de fondos de jueces, fiscales y sus familiares directos.
Esta medida se enfoca especialmente en aquellos operadores judiciales que han otorgado medidas sustitutivas a prisión preventiva a procesados por delitos como asesinato, narcotráfico, secuestro y extorsión .
El ministro del Interior, John Reimberg , declaró que se divulgarán públicamente los nombres de los funcionarios judiciales que incurran en estas prácticas. Esta posición ha generado debate y seguimiento legislativo.
Comisión de Fiscalización analiza acciones judiciales
Desde el 17 de junio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea , presidida por Ferdinand Alvarez , lleva a cabo sesiones para recibir información sobre la cooptación del sistema judicial. Han sido citados altos funcionarios , incluidos los ministros del Interior y Defensa, y el comandante de la Policía.
Durante su comparecencia, Reimberg reiteró que se investigará el patrimonio de los jueces y fiscales . Además, se prevé que se convoque a la UAFE , Contraloría y al SNAI , con el objetivo de entregar un informe hasta el 27 de junio .
El trasfondo incluye la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, como evidencian los casos Metástasis, Purga y Plaga . Estas investigaciones derivaron en sentencias, sanciones y destituciones para más de un centenar de funcionarios en lo que va del año.
Corrupción judicial: una amenaza a la institucionalidad
En lo que va del 2024, el Consejo de la Judicatura ha registrado la destitución de 102 servidores judiciales , en el marco de 614 expedientes disciplinarios abiertos . Estas acciones han sido impulsadas por la creciente presión social y política frente a la sospecha de que parte del sistema judicial ha sido infiltrado por redes criminales .
El énfasis del Ejecutivo y de los organismos de control refleja un intento de recuperar la confianza en la justicia ecuatoriana y garantizar la transparencia de los funcionarios públicos (21) .
