El juez Dennis Ugalde, de la Unidad Judicial Sur Valdivia , llamó a juicio a 17 militares por su presunta implicación en la desaparición forzada de cuatro adolescentes: Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina . El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2024 en el sector de Las Malvinas, Guayaquil, cuando los menores fueron detenidos por una patrulla militar en la avenida 25 de Julio. Su muerte fue confirmada el 31 de diciembre, tras el hallazgo de sus restos en una zona remota.
El fiscal Christian Farez, tras dos días de audiencia, solicitó el auto de llamamiento a juicio, acusando a 16 militares como autores directos y a un coronel como cómplice en el delito de desaparición forzada. La decisión del juez se basa en las pruebas presentadas, que señalan una detención ilegal de los adolescentes durante un operativo militar en una zona bajo estado de excepción.
Los abogados defensores de los militares argumentaron que no hubo desaparición forzada. Ellos indicaron que los adolescentes fueron liberados en Taura y que uno de ellos contactó a un familiar. También alegaron que los uniformados actuaban bajo órdenes de un superior, lo que limitaba su capacidad de decisión durante el operativo.
Sin embargo, el juez Ugalde consideró que las evidencias de la Fiscalía eran suficientes para avanzar al juicio penal . Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CIDH) , destacó que, a diez meses de los hechos, un juez penal ha reconocido el delito de desaparición forzada, marcando un paso hacia la justicia.
El caso de Las Malvinas generó indignación en Ecuador, especialmente en Guayaquil, donde el sector es conocido por su alta incidencia delictiva. En diciembre de 2024, la ciudad estaba bajo un estado de excepción para combatir la inseguridad, lo que llevó a un aumento de patrullajes militares en zonas como Las Malvinas.
La desaparición forzada de los cuatro adolescentes ha puesto en cuestión los procedimientos de las Fuerzas Armadas en operativos urbanos. Familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de información sobre el paradero de los jóvenes, exigiendo transparencia y sanciones para los responsables.
El expediente pasará ahora a un Tribunal Penal, que determinará la responsabilidad de los 17 militares y las posibles penas privativas de libertad. La Fiscalía ha anunciado que buscará sanciones acordes con la gravedad del delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador.
Organizaciones como la CIDH han instado a garantizar un juicio justo y a implementar medidas para prevenir futuros casos de desaparición forzada. Mientras tanto, la sociedad civil de Guayaquil ha organizado vigilias en apoyo a las familias, que continúan exigiendo respuestas sobre el destino de los adolescentes.
El caso captó la atención de organismos internacionales, dado que la desaparición forzada es un delito grave contemplado en tratados de derechos humanos. En América Latina , casos similares se investigan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría derivar en un escrutinio internacional sobre Ecuador.
El proceso judicial será un punto clave en los próximos meses. Mientras el país espera justicia en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos registrados recientemente.
