El 4 de diciembre de 2025, el Consejo de la Judicatura sancionó a tres jueces -dos en Manabí y uno en Pichincha- tras confirmar que aprobaron detenciones arbitrarias, con denuncias de maltrato físico en Portoviejo y dilaciones injustificadas en un caso de combustible en Quito.

Sanciones disciplinarias tras irregularidades

La sesión plenaria del Consejo determinó suspender por 30 días sin sueldo a una jueza de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo. Esta jueza había calificado como legal la detención de dos personas por parte de militares. El informe de la Judicatura indica que la aprehensión fue arbitraria. Además, los detenidos sufrieron maltrato físico. Uno de ellos presentó edema y deformidad en el tobillo , según certificados médicos. La audiencia de flagrancia se efectuó fuera del plazo legal de 24 horas.

Un segundo caso en Portoviejo involucra otra jueza de la misma unidad judicial. Ella aprobó la detención de un adolescente por un presunto delito de tenencia y porte no autorizado de armas. El adolescente denunció tratos crueles, tortura y detención arbitraria por parte de las Fuerzas Armadas. Según el informe, los militares lo retuvieron más tiempo del permitido antes de entregarlo a la Policía. Esa jueza también recibió una sanción de 30 días sin salario.

Suspensión de juez por demora injustificada

El tercer sancionado es un juez especializado en Crimen Organizado en Quito. El Consejo lo suspendió tres meses sin sueldo. La razón: demorar más de 50 días el conocimiento de un caso relacionado con la comercialización ilegal de combustibles. El plazo superó con creces lo razonable. Además, la audiencia de juicio deberá celebrarse entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026. Esa dilación prolongada vulnera garantías procesales fundamentales.

Consecuencias y contexto

Estas sanciones reflejan una reacción de la Judicatura ante irregularidades graves. Las detenciones arbitrarias con denuncias de tortura afectan derechos humanos consagrados. Las demoras en procesos de alto impacto como tráfico de combustibles minan la confianza en la justicia. Expertos judiciales advierten que estas fallas reiteradas requieren reformas profundas.

El caso de Portoviejo, en Manabí, destaca por la intervención de las fuerzas armadas en detenciones civiles. Esa práctica genera alerta social. En Quito, el caso de combustible expone riesgos de impunidad y corrupción.

Importancia para la transparencia judicial

La aplicación de sanciones a jueces por irregularidades fortalece la rendición de cuentas. El Consejo reafirma su compromiso con la legalidad. La ciudadanía espera mayor vigilancia. La prensa y la sociedad civil monitorean este proceso. La transparencia judicial resulta clave para restablecer la confianza institucional.