Este viernes 5 de septiembre de 2025, un juez en Loja decidió liberar a 16 militares involucrados en un caso de contrabando, mientras la Fiscalía los acusa de presunta asociación ilícita. El Consejo de la Judicatura anunció la revisión de la actuación judicial para determinar posibles irregularidades.
Liberación de militares en Loja y medidas judiciales
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para ocho civiles: Diana P., Byron M., Jorge V., Milton M., Henry S., Maricela E., Fredi V. y Julio B..
En contraste, los 16 militares procesados deberán cumplir presentaciones periódicas dos veces por semana en la Fiscalía Provincial de Loja. Entre ellos se encuentran: Wilmer B., Edwin S., Fabricio T., Wilson L., Edmundo G., Jackson O., Jorge J., Jorge P., Dennys U., Henry O., Ólger S., Álex Ch., Édison P., JÉfferson B., Émerson S. y Jordan M.
La Fiscalía inició un proceso penal contra 24 personas vinculadas a presunta asociación ilícita en el contrabando de mercaderías y combustibles. Se calcula un presunto perjuicio al Estado cercano a 20 millones de dólares.
Operativo y allanamientos coordinados
El operativo involucró 250 personas, entre fiscales y equipos de apoyo, con 33 allanamientos en 11 provincias: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos y Sucumbíos.
La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron la detención de los implicados, evidenciando un trabajo interinstitucional estratégico para enfrentar delitos de alto impacto económico.
El operativo también sirvió para recolectar evidencia documental y digital vinculada a la presunta asociación ilícita, fortaleciendo la investigación sobre la filtración de información en las operaciones de contrabando.
Pronunciamiento del Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura (CJ) indicó que iniciará acciones para determinar si la actuación de los servidores judiciales que liberaron a los 16 militares contiene irregularidades. “El análisis se realizará respetando el debido proceso y la independencia judicial, con el fin de determinar si la actuación del servidor constituye una falta disciplinaria”, precisó el comunicado oficial.
El CJ ratificó su compromiso de combatir la corrupción y el crimen organizado, asegurando la transparencia y la imparcialidad de las actuaciones judiciales en todo el país.
Contexto sobre el caso
El contrabando de combustibles y mercancías es considerado un delito que genera un alto impacto económico y social. Casos como este involucran coordinación nacional e internacional, afectando las finanzas del Estado.
La revisión de la actuación del juez en Loja permitirá fortalecer los mecanismos de control judicial y garantizar que las decisiones se apeguen a la ley, evitando vacíos legales que puedan favorecer la impunidad.
