El Ministerio del Trabajo, liderado por Harold Burbano, presentó una propuesta para redistribuir la jornada laboral de 40 horas en Ecuador, prevista para 2026, con acuerdos voluntarios y registro estatal.

Aún no se aplica

La iniciativa gubernamental plantea permitir que empleadores y trabajadores distribuyan la jornada laboral de 40 horas en cuatro, cinco o hasta seis días. Además, establece un máximo de 10 horas diarias, sin alterar salario ni derechos vigentes. El esquema se conoce como jornada laboral irregular y aún no se aplica.

Según el Ministerio, la medida busca modernizar el mercado laboral y reducir la informalidad, especialmente entre jóvenes. También apunta a regular prácticas ya existentes en sectores productivos con horarios flexibles. Los acuerdos deberán registrarse en el Sistema Único de Trabajo (SUT).

La propuesta fue presentada al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde se debatirá su posible aprobación mediante acuerdo ministerial. Las autoridades aclararon que no está vigente y que su análisis se prevé para la próxima semana.

Beneficios planteados por el Ejecutivo

Uno de los principales beneficios señalados es el mayor tiempo de descanso. Al concentrar la jornada laboral de 40 horas en cuatro días, los trabajadores podrían acceder a tres días libres consecutivos, lo que facilitaría actividades familiares, educativas o personales.

Además, el Ministerio sostiene que más días libres podrían impulsar el turismo interno. Playas, Sierra y Amazonía recibirían mayor flujo de visitantes. Por tanto, sectores como hotelería, transporte y gastronomía podrían dinamizar su actividad económica.

También se destaca la flexibilidad para empresas y empleados. Sectores estacionales podrían ajustar horarios sin recargos, mientras los trabajadores elegirían esquemas compatibles con sus necesidades. Así, se promoverían acuerdos formales y se reducirían conflictos laborales.

Formalización y control estatal

Otro eje es la formalización laboral. El registro obligatorio permitiría fiscalizar el cumplimiento de límites horarios y el pago de recargos cuando corresponda. Además, se protegerían derechos como vacaciones, descansos y afiliación al IESS.

La abogada laboral Dayana Gutiérrez, con más de 15 años de experiencia, explicó que el control estatal resulta clave. "El registro evita la informalidad y permite verificar que no se superen las 10 horas diarias o las 40 semanales", señaló. Desde el Gobierno se afirma que la medida no implica trabajo por horas aisladas. "No se cambia el tope semanal ni el salario base", precisó Ricardo Celi, abogado laboral, al referirse al alcance del planteamiento oficial.

Riesgos y advertencias señaladas

Especialistas advierten posibles riesgos para la salud. Jornadas de 10 horas diarias podrían generar fatiga acumulada, sobre todo en trabajos físicos. Además, organismos internacionales han advertido efectos negativos de horarios extendidos sobre productividad.

Otro punto crítico es la desigualdad en la negociación. En contextos de desempleo, algunos trabajadores podrían aceptar acuerdos desfavorables. Esto afectaría más a mujeres y empleados de pequeñas empresas, donde la fiscalización puede ser limitada. También existen dudas sobre el impacto en remuneraciones y litigios. Si la norma se interpreta mal, podrían omitirse recargos. Además, probar la voluntariedad del acuerdo en conflictos laborales podría resultar complejo.

Impacto sectorial y aplicación práctica

Algunos sectores productivos podrían enfrentar mayores retos de aplicación. En áreas como educación, salud y seguridad, la redistribución de la jornada laboral de 40 horas requiere continuidad operativa. Por ello, expertos advierten que no todos los puestos se adaptan a esquemas flexibles.

Empresas con turnos rotativos tendrían que rediseñar horarios y cargas laborales. Esto implicaría ajustes administrativos y operativos. Sin una guía técnica clara, podrían surgir interpretaciones dispares entre empleadores y trabajadores.

Gutiérrez señaló que "la aplicación debe considerar la naturaleza de cada actividad". Añadió que sin lineamientos específicos existe riesgo de conflictos laborales y reclamos posteriores ante autoridades administrativas.

Debate sindical y expectativas sociales

La propuesta ha generado reacciones en organizaciones sindicales. Algunos gremios temen una precarización progresiva del descanso semanal. Otros piden garantías adicionales de fiscalización antes de su aprobación.

El Ministerio ha insistido en que el diálogo social será clave. El análisis en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios incluirá observaciones técnicas y jurídicas. No se descarta introducir ajustes antes de una resolución final. Autoridades laborales reiteraron que la iniciativa no modifica derechos adquiridos. También señalaron que cualquier implementación requerirá seguimiento permanente y evaluación de impactos.

Contexto y próximos pasos

La propuesta forma parte de una estrategia estatal para dinamizar el empleo formal sin reformar el Código del Trabajo. El debate continuará en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. "Ese mismo día podría darse una resolución", indicaron autoridades.