La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó este 14 de enero de 2026 un nuevo allanamiento en Guayaquil como parte de la fase de investigación previa del denominado Caso Apagón. La diligencia busca recabar evidencias de un presunto delito de peculado cometido mediante la firma de contratos irregulares de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024, con el fin de determinar responsabilidades penales en el manejo de fondos públicos y garantizar que no haya impunidad ante el perjuicio económico estatal.
Detalles del Operativo Apagón en Guayaquil
La mañana de este miércoles, agentes fiscales y unidades especializadas de la policía ingresaron a las oficinas de una compañía propiedad de José M., ubicada en el norte de Guayaquil. Esta intervención se suma a la serie de diligencias que la Fiscalía ha liderado para desarticular una presunta estructura de corrupción que operó bajo el amparo de los decretos de emergencia eléctrica.
Durante el procedimiento técnico, las autoridades procedieron a la incautación de dispositivos móviles, computadoras portátiles y archivos contables. Los peritos de Criminalística iniciaron de inmediato la cadena de custodia de la evidencia, la cual será sometida a una explotación integral para identificar comunicaciones y transacciones financieras vinculadas a la adjudicación de contratos de suministro energético.
Origen de la Investigación por Peculado
El expediente judicial tuvo su génesis el 28 de julio de 2025, fecha en la que la Fiscalía inició las actuaciones de oficio tras recibir un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). Este documento advertía sobre anomalías sustanciales en la gestión de recursos destinados a mitigar el déficit de energía que afectó a la industria y los hogares ecuatorianos.
La auditoría estatal puso énfasis en el incumplimiento de cronogramas y especificaciones técnicas en proyectos críticos. El enfoque principal recae sobre dos contratos suscritos en agosto de 2024 entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la firma estadounidense Progen Industries LLC, cuya ejecución ha sido cuestionada por la falta de operatividad oportuna de las plantas.
El Perjuicio Económico al Estado Ecuatoriano
Los acuerdos contractuales bajo la lupa suman una inversión superior a los 149 millones de dólares. No obstante, las proyecciones de la Contraloría sugieren que el perjuicio total para el Estado podría ascender a los 175 millones de dólares, considerando los costos adicionales, los sobreprecios sospechosos detectados y el lucro cesante derivado de la falta de energía.
Las investigaciones apuntan a que las plantas termoeléctricas planificadas para Quevedo (Los Ríos) y El Salitral (Guayas) no entraron en funcionamiento según lo pactado. Esta demora obligó al país a mantener cortes de energía prolongados, afectando el Producto Interno Bruto y exacerbando la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional frente a la sequía en las cuencas de Mazar y Paute.
Perfil de los Investigados en el Proceso
La lista de personas naturales bajo escrutinio incluye a figuras de alto perfil que ocuparon cargos estratégicos en el sector energético. Entre los nombres más relevantes destaca Fabián Mauricio C. F., exviceministro de Electricidad, cuya vivienda fue una de las primeras en ser allanada al inicio de las indagaciones en 2025.
Asimismo, la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación contra el exministro Octavio Antonio G. y el exviceministro Rafael Emilio Q. V. Se investiga si existió una coordinación deliberada para favorecer a ciertos proveedores privados, omitiendo los filtros de control establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Participación de Técnicos y Asesores
El proceso no se limita a los niveles directivos. La Fiscalía ha incluido en sus diligencias a personal técnico de Celec EP, como Gabriela Alexandra T. C. y Holger Santiago J. S., quienes participaron en la elaboración de los informes de necesidad y evaluación que permitieron la viabilidad de los contratos con Progen.
Otros nombres que figuran en los registros oficiales son Marvin Bryan R. Z., Byron O. y Christian D.. La participación de abogados externos y asesores ministeriales, como Peter Christian D. P. y Álex Patricio D. C., también es objeto de análisis para determinar si existió tráfico de influencias o cohecho en la estructuración de los pliegos contractuales.
Evidencias Recabadas hasta la Fecha
A lo largo de los últimos meses, se han ejecutado más de 30 allanamientos a nivel nacional. El balance de las incautaciones incluye 31 teléfonos celulares, 18 dispositivos USB, 10 computadoras y 8 discos duros. Estos equipos son considerados piezas fundamentales para reconstruir la trazabilidad de las decisiones tomadas durante la emergencia.
Además del material tecnológico, la Policía Nacional ha decomisado más de 105.000 dólares en efectivo en domicilios de los sospechosos, cuya procedencia no ha sido justificada legalmente. También se han recuperado miles de documentos físicos que detallan los procesos internos de adjudicación y las comunicaciones entre Celec EP y los representantes de la empresa contratista.
Acciones Legales Internacionales
En un movimiento paralelo a la vía penal en Ecuador, el Ejecutivo anunció en diciembre de 2025 la presentación de una demanda civil en la Corte del Distrito Medio de Florida, Estados Unidos. Esta acción legal busca recuperar fondos públicos bajo los cargos de fraude, enriquecimiento injusto y conspiración contra la empresa Progen Industries LLC.
La estrategia jurídica busca presionar por una compensación económica por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Mientras tanto, en territorio ecuatoriano, la Comisión Nacional Anticorrupción ha solicitado celeridad en los procesos, advirtiendo que la demora en la formulación de cargos podría facilitar la fuga de implicados o la ocultación de activos.
