El Gobierno Nacional implementó mecanismos de compra directa de arroz cáscara el 6 de octubre de 2025 , con el propósito de apoyar a pequeños y medianos productores de Guayas y Los Ríos , principales zonas arroceras del país, donde se concentra más del 90 % de la producción nacional .
Compra directa y mecanismos de gestión
Las modalidades adoptadas son gestión delegada y contratación pública . La primera contempla la compra, almacenamiento y venta de arroz mediante delegación a piladoras privadas , bajo supervisión estatal. Este proceso se enmarca en el Decreto Ejecutivo No. 596 , que autoriza el uso de recursos provenientes de la redistribución económica nacional para garantizar precios justos y competitivos .
A través de la gestión delegada, el Estado busca adquirir hasta 24 mil toneladas de arroz cáscara , pagando el precio mínimo de sustentación : 34 dólares por quintal de grano corto y 36 dólares por quintal de grano largo . Esta medida pretende reducir la especulación y proteger el ingreso de los productores frente a las variaciones del mercado.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que la estrategia busca evitar la intervención de intermediarios que, en contextos de sobreoferta, suelen reducir los precios al productor. Con ello, se busca mantener la estabilidad económica en el campo y garantizar un flujo comercial transparente.
Contratación pública y transparencia en el proceso
La segunda modalidad implementada es la contratación pública , mediante la cual ya se adjudicaron 54.059 quintales de arroz pilado equivalentes a 5.405 toneladas métricas a productores de Guayas y Los Ríos . El monto total invertido asciende a 1.729.888 dólares , financiado con fondos de redistribución productiva.
Estas acciones buscan cumplir el precio mínimo de sustentación y fomentar la participación equitativa de las agroindustrias , garantizando una cadena productiva sólida y sostenible . Además, el esquema prioriza la participación de pequeños agricultores , quienes históricamente enfrentan limitaciones de acceso al crédito y a mercados formales.
El MAG destacó que este proceso respeta las normas de transparencia y control público , asegurando que las compras se realicen con criterios técnicos verificables y bajo un sistema de trazabilidad que permita conocer el origen del producto adquirido.
Impacto económico y social en el campo
Según proyecciones oficiales, las compras estatales inyectarán liquidez inmediata al sector rural , beneficiando directamente a más de 5 mil pequeños y medianos productores . Este flujo económico permitirá reducir pérdidas por sobreoferta y fortalecer la economía local.
El impacto social también es significativo. Las medidas protegen a agricultores vulnerables que no acceden a canales de comercialización formales, promoviendo mayor equidad rural y una redistribución más justa del ingreso en las provincias agrícolas del litoral.
Con estas acciones, el Gobierno busca fortalecer la soberanía alimentaria , estabilizar el mercado del arroz y garantizar ingresos sostenibles a los productores nacionales, priorizando la transparencia en cada etapa del proceso.
