Tres ministros del Gobierno de Ecuador se reunieron el 6 de octubre con el cuerpo diplomático acreditado en el país. El objetivo fue explicar las medidas económicas impulsadas por el presidente Daniel Noboa . Esto ocurrió en un contexto de 15 días de protestas indígenas por la eliminación del subsidio al diésel, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El encuentro buscó aclarar la redistribución de recursos y las estrategias de seguridad adoptadas frente a las manifestaciones, en el contexto actual del gobierno.
La canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, y el ministro del Interior, John Reimberg , detallaron que la eliminación del subsidio al diésel permitirá liberar USD 1.100 millones anuales. Estos fondos se destinarán a programas de protección social. Además, contribuirán a incentivos para pequeñas y medianas empresas, según el Ejecutivo. La Cancillería destacó que los ministros también abordaron las acciones para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
Protestas indígenas generan tensiones
Las manifestaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), han dejado un saldo de un fallecido, más de 80 heridos y un centenar de detenidos. Doce de los detenidos enfrentan prisión preventiva por cargos de “terrorismo”, según la Fiscalía. Organizaciones de derechos humanos han reportado 219 vulneraciones de derechos. Estas vulneraciones son atribuidas principalmente a las fuerzas de seguridad, lo que ha intensificado las críticas al manejo de las protestas por parte del gobierno actual.
El presidente Noboa ha recorrido varias provincias para entregar bonos, créditos y ayudas sociales dirigidas al sector productivo, transportistas y mujeres rurales. Gobierna con acciones como ampliar el Bono de Desarrollo Humano para beneficiar a 55.000 familias adicionales. Sin embargo, el líder de la Conaie, Marlon Vargas , critica esta medida. Él la ve como un intento de dividir a las comunidades para desmovilizar las protestas.
Reformas económicas y recorte gubernamental
En julio, el Gobierno oficializó la reducción de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, junto con el despido de 5.000 funcionarios públicos. Estas medidas buscan controlar el déficit fiscal. También tienen el objetivo de cumplir con las metas del programa crediticio acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el Ejecutivo . Las reformas son parte de un plan para equilibrar las cuentas estatales y garantizar la sostenibilidad financiera.
La reunión con los diplomáticos, realizada en Quito, fue presentada por la Cancillería como un esfuerzo para transparentar las políticas del Gobierno. En un mensaje en su cuenta de X, el Ministerio resaltó que los ministros explicaron las estrategias para proteger a la ciudadanía. Además, el objetivo era preservar la paz en un contexto de conflictividad social, donde el gobierno tiene un rol relevante.
Desafíos para la estabilidad
El Ejecutivo defiende la eliminación del subsidio al diésel como una medida necesaria para financiar programas sociales y reducir el déficit. Sin embargo, enfrenta críticas de organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos que exigen mayor diálogo. Las protestas han puesto en evidencia las tensiones entre las necesidades económicas del Gobierno y las demandas de los sectores más vulnerables.
