La búsqueda de justicia en el conmovedor caso Las Malvinas ha entrado en una fase decisiva y estremecedora. Durante la décimo cuarta jornada del juicio, que tuvo lugar este martes 9 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado ha delineado con mayor precisión el grado de responsabilidad penal de los implicados, elevando la tensión en los tribunales y entre los familiares de las víctimas que exigen respuestas claras. La diligencia, reanudada en Guayaquil tras una extensa sesión previa de alegatos, ha servido para que el fiscal Christian Fárez señale formalmente a un total de once militares como presuntos autores directos de la desaparición forzada de los cuatro menores de edad: Josué, Ismael, Nehemías y Steven.
El desarrollo de la audiencia ha sido crucial para desmontar las narrativas iniciales y exponer la brutalidad de los hechos. Si bien inicialmente se había procesado a un grupo, la Fiscalía ha ampliado la acusación directa a seis uniformados más, sumándolos a los cinco señalados el día anterior. Este grupo de once efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) enfrenta ahora la posibilidad de una condena ejemplar. El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima agravada de 34 años y ocho meses de privación de libertad, argumentando la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los agravantes son contundentes: actuar en grupo (en pandilla), con ensañamiento y perpetrando el delito contra menores de edad, sujetos de especial protección constitucional.
Contexto del caso Las Malvinas
La narrativa expuesta por el fiscal Fárez en el contexto del caso Las Malvinas es desgarradora y contradice frontalmente la versión de la defensa militar. Mientras que la mayoría de los uniformados sostienen que liberaron a los niños "sanos y salvos" tras obligarlos a mover un árbol en un camino secundario de Taura, las pruebas periciales cuentan una historia de terror. Los testimonios de cooperadores eficaces y la evidencia técnica sugieren que los menores, de entre 11 y 15 años, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas antes de ser abandonados a su suerte. Se detallaron agresiones específicas, como llaves de lucha libre aplicadas por el cabo primero Jonathan Raúl G. P. contra el mayor de las víctimas, y golpes con la trompetilla de un fusil que habría sufrido el más pequeño al ser lanzado a una camioneta, acción atribuida al cabo primero Ronald Stalin P. T.
La frialdad de los hechos se ve reflejada en las pruebas digitales presentadas. La extracción de información de los teléfonos celulares incautados en la base aérea de Taura reveló conversaciones incriminatorias donde se leía: “Le dimos durísimo”, refiriéndose al trato dado a los detenidos. Para la Fiscalía, esto corrobora los testimonios sobre insultos, amenazas, desnudez forzada y hasta disparos intimidatorios cerca de los niños. Además, se enfatizó que los acusados no solo participaron activamente en la privación ilegal de libertad, sino que guardaron un silencio cómplice durante dos días, reportando el incidente solo cuando sus superiores exigieron informes escritos, tiempo valioso en el que se pudo haber evitado el desenlace fatal.
Responsabilidades
En esta etapa de individualización dentro del caso Las Malvinas , también se señalaron responsabilidades específicas de otros miembros de la patrulla, como el cabo segundo Sergio Francisco V. B. y el cabo Jhon Eduardo T. M. Aunque sus defensas argumentan que no tenían poder de mando y que su función se limitaba a brindar seguridad obedeciendo órdenes, la Fiscalía refuta esta postura. El argumento fiscal establece que la obediencia debida no es válida cuando las órdenes transgreden la ley y los derechos humanos. Se les acusa de haber sido parte activa de un procedimiento irregular, presenciando la vulneración de derechos sin oponerse ni informar, incumpliendo así la obligación estatal de salvaguardar la integridad de las personas bajo custodia.
Más allá de las penas privativas de libertad, la acusación busca una reparación integral que resuene en la sociedad. Se ha solicitado que los procesados paguen una multa de 800 salarios básicos unificados al Consejo de la Judicatura y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de las víctimas. Pero la reparación va más allá de lo económico: se ha propuesto una medida simbólica de gran peso, el renombre del puente de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán -lugar donde inició la tragedia con la aprehensión- como el "Puente de los Niños de Las Malvinas", además de la imposición de capacitación obligatoria en Derechos Humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Situación legal de presuntos responsables
El juicio aún tiene capítulos pendientes. Queda por definir la situación jurídica de los cinco militares que actúan como cooperadores eficaces, quienes podrían recibir beneficios en sus penas a cambio de su testimonio, y la de un teniente coronel procesado en calidad de cómplice. Mientras tanto, el hallazgo de los restos calcinados en el sector de "El Chabelo" sigue siendo la prueba muda y dolorosa de un crimen que ha conmocionado al país y que exige, a través del caso Las Malvinas , un precedente de justicia inquebrantable.
