La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal Ana Hidalgo, afirmó el 14 de enero, en Quito, que el proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio corresponde a jueces penales ordinarios de Pichincha, por tratarse de un delito de asesinato.

La causa no cumple los requisitos legales

La fiscal del caso Magnicidio FV sostuvo que el proceso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio debe mantenerse en la jurisdicción penal ordinaria. La funcionaria explicó que la causa no cumple los requisitos legales para ser conocida por jueces especializados en corrupción y crimen organizado.

La aclaración fiscal se produjo luego de que la jueza penal Daniela Ayala presentara su excusa para continuar con el conocimiento del caso. La magistrada argumentó la existencia de una supuesta enemistad manifiesta con Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en el proceso.

Horas antes de su excusa, Ayala solicitó a la Fiscalía justificar por qué no pidió la inhibición de jueces ordinarios, pese a solicitar la vinculación de presuntos líderes de grupos de delincuencia organizada al proceso penal.

Debate sobre la competencia judicial

La jueza Ayala hizo referencia a la vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis, identificados como cabecillas del grupo delictivo Los Lobos. Estas personas fueron señaladas como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio ocurrido el 9 de agosto de 2023 

La diligencia de vinculación estaba prevista para el 24 de diciembre, pero el juez penal de Pichincha Geovanny Freire decidió diferirla para el 28 de enero, según consta en el expediente judicial.

Al retomar la causa, tras una suspensión provisional y una sanción administrativa previa, Ayala indicó que la presunta relación de los procesados con un grupo delictivo constituía un elemento nuevo. Este punto, según la magistrada, debía analizarse para definir la competencia judicial.

Postura de la Fiscalía General del Estado

Pese a responder al requerimiento judicial, la fiscal Ana Hidalgo rechazó el planteamiento de trasladar la causa a una judicatura especializada. En su pronunciamiento, señaló que el pedido vulnera los principios de inmediación y dispositivo.

"Queda totalmente claro para la Fiscalía General del Estado que el conocimiento de la presente causa, que se sustancia por el presunto delito de asesinato, es de competencia de uno de los jueces de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del DMQ", afirmó Hidalgo en su respuesta escrita.

La fiscal explicó que el delito investigado no integra el catálogo de infracciones asignadas a jueces especializados en corrupción y crimen organizado. Además, precisó que el tipo penal de asesinato no reúne las circunstancias exigidas por la normativa para modificar la competencia.

Hidalgo añadió que la Fiscalía fundamenta su actuación en normas procesales vigentes y no en publicaciones mediáticas. Según su criterio, el análisis judicial debe ceñirse a los elementos procesales incorporados legalmente al expediente.