Fernando Carrión: Las economías ilegales mueven USD 5.000 millones y un 25 % se reinvierte en delitos

Fernando Carrión , experto en seguridad, sostiene que las economías ilegales en Ecuador mueven alrededor de USD 5.000 millones , lo que representa el 4,5 % del PIB nacional . De esa cantidad, calcula que un 25 % se reinvierte en delitos : compra de jueces, armas, sobornos y expansión de operaciones criminales.

Este flujo financiero —dice— alimenta la corrupción, fortalece las estructuras delictivas y mantiene al país en un ciclo de violencia sin precedentes . En diálogo con Manavisión Plus, Carrión analiza la evolución del crimen, las fallas del Estado y las alternativas que podrían cambiar el rumbo de la seguridad nacional.

-¿Cómo interpreta los recientes atentados con coches bomba y el aumento de alertas explosivas en varias ciudades del país. Estamos hablando de una evolución del crimen organizado o de terrorismo puro y duro?

Estamos frente a una evolución del crimen organizado . No solo aumentan los homicidios, sino que los delitos se han diversificado . Desde 2018, cuando se registró el primer coche bomba en San Lorenzo, la frecuencia y la ubicación de estos ataques han cambiado: ahora se dirigen tanto a infraestructura estratégica —puentes, carreteras, estaciones— como a zonas de alta actividad social y económica , como los centros comerciales. Lo ocurrido en Guayaquil refleja que los grupos criminales buscan generar miedo, mostrar poder y desafiar directamente al Estado . Ya no compiten únicamente entre sí, sino que disputan control político y simbólico del territorio .

-¿Qué tan grave es la situación actual en cifras de violencia?

Si las tendencias se mantienen, 2025 será el año más violento en la historia del Ecuador . Cerraría con 51 o 52 homicidios por cada 100.000 habitantes , una tasa nunca antes vista en el país. En enero del año pasado se declaró el conflicto armado interno , una medida inédita que inicialmente redujo los homicidios, pero esa baja duró apenas dos meses. Desde marzo las cifras volvieron a subir. Pese a los decretos, leyes y al incremento del IVA del 12 al 15 % para financiar la seguridad, los resultados no son alentadores . Persisten las extorsiones, los secuestros y los atentados, lo que evidencia que las políticas actuales no están funcionando .

-¿Dónde radica, a su criterio, el principal error de la estrategia gubernamental?

El problema es la ausencia de un plan integral . El gobierno ha actuado con medidas aisladas y reactivas, pero no existe una política de seguridad coherente . Es indispensable una cooperación articulada entre el Estado, los municipios, las cámaras de la producción y el sistema educativo. Los municipios están más cerca de la realidad local y pueden aportar en prevención situacional (iluminación, espacio público seguro), prevención social (trabajo con barrios y escuelas) y prevención comunitaria (organización ciudadana). Solo integrando esos niveles se puede frenar el crecimiento del crimen.

-¿Necesita apoyo el Estado, no alcanza a cumplir con sus competencias directas de seguridad?

Aunque los municipios no tienen policía ni cárceles , sí poseen competencias para la prevención del delito . Muchos cobran la tasa de seguridad , como en Quito, donde se recaudan unos USD 9,5 millones al año. Si esos recursos se complementaran con aportes del Gobierno Nacional y se conformaran comités conjuntos , podrían ejecutarse planes locales de seguridad mucho más efectivos. La clave es entender que la seguridad no se limita a la represión , sino que incluye gestión urbana, educación y participación ciudadana . El Estado central debe compartir responsabilidades y dejar de actuar solo.

-El país cuenta con una Ley de Inteligencia desde junio de 2025. ¿Por qué no se han visto resultados?

Porque el sistema de inteligencia ecuatoriano está fragmentado . Hay unidades de inteligencia en las cárceles, en la Policía y en las Fuerzas Armadas, pero no funcionan como un solo sistema articulado . Cada una opera por su cuenta, sin compartir información crítica. Eso impide anticipar ataques o detectar amenazas. Además, se subió el IVA con el argumento de financiar la seguridad, pero los recursos no se reflejan en resultados . Falta coordinación, tecnología, planificación y voluntad política . No basta con leyes; se necesita liderazgo y ejecución.

-Usted menciona que existe una “geografía del delito”. ¿Qué significa eso?

Significa que no todos los delitos son iguales ni ocurren por las mismas causas . En la Costa y en las zonas fronterizas con Colombia y Perú la violencia es mayor porque allí opera el narcotráfico internacional . Por Ecuador entran y salen entre 1.300 y 1.400 toneladas de droga al año , y se consumen internamente entre 60 y 70 toneladas . Es un volumen enorme. Cada territorio tiene una dinámica distinta, y por eso las políticas deben adaptarse a la realidad local . Lo que ocurre en Manta o Esmeraldas no es igual a lo que pasa en Loja o Cuenca.

-¿Por qué hay más bandas criminales hoy que hace algunos años?

Porque el crimen se ha fragmentado y diversificado . Las políticas del gobierno se han concentrado en capturar cabecillas, pero cada vez que cae un líder, la estructura se divide . Los grupos compiten por controlar rutas, contactos y redes de distribución. En enero del año pasado se identificaron 22 estructuras criminales , y ahora estimamos unas 35 . Bandas como Los Lobos incluso superan a Los Choneros , porque se expandieron hacia la minería ilegal , una actividad que genera miles de millones en ingresos y se ha vuelto parte de la economía criminal del país.

Se calcula que mueven unos USD 5.000 millones anuales , lo que equivale al 4,5 % del PIB ecuatoriano . De esa cantidad, alrededor del 25 % se reinvierte en delitos : compra de jueces, sobornos, armas, vehículos, pago a sicarios. Es dinero que corrompe y refuerza la estructura criminal . Solo para dimensionar: si se suman los presupuestos municipales de Quito y Guayaquil, no alcanzan ni la mitad de lo que manejan estas economías ilegales. Además, se estima que unas 65.000 personas trabajan directa o indirectamente para estas organizaciones. Es un sistema con poder económico real, capaz de desafiar al Estado.

-¿Cuál es el mensaje detrás de los atentados en zonas comerciales como el Mall del Sol?

Los ataques en lugares como el Mall del Sol buscan enviar mensajes múltiples . En primer lugar, demostrar que las estructuras criminales siguen activas y con capacidad operativa . En segundo, mostrar poder económico y logístico al elegir sitios emblemáticos de la vida urbana y empresarial. Y en tercer lugar, enviar un mensaje directo al Estado y al propio presidente , ya que se trata de zonas con inversiones vinculadas a su entorno familiar (...) Yo creo que estos mensajes van a seguir reproduciéndose en distintos lugares del país, pero mucho más en aquellos donde la disputa es más fuerte. Entonces, yo diría principalmente en las zonas de la Costa, pero no excluyo el caso de Quito , que si bien no está en la Costa, tiene niveles altos también de violencia, pero también lo que significa en términos de la representación política de lo que es el Estado.

-¿Qué experiencias internacionales podrían servirle al Ecuador?

Más que cooperación, lo que necesitamos es integración regional . En toda América Latina se consume cocaína y se lava dinero , por lo tanto, todos los países enfrentan estructuras criminales similares. Si no actuamos de forma conjunta —intercambiando inteligencia, controlando flujos financieros y reforzando fronteras—, el problema seguirá expandiéndose. Ningún país resolverá esto solo.

-¿Tiene salida esta crisis y cuál debería ser el primer paso?

Debe tener salida, no podemos seguir viviendo con 10.000 muertes por año . El primer paso es unir esfuerzos : cooperación público-privada, articulación nacional y local, y participación social. La seguridad no es solo cuestión de fuerza , también es prevención, educación y reconstrucción del tejido social .

-Y más allá de la afectación material, y a la vida, los gobiernos de turno se ven obligados a usar fondos, que pudieran servir para educación, salud, etc, en seguridad....

Los costos de la violencia son muy altos y básicamente, en términos internacionales, los costos de la violencia se miden también en presupuestos. Y son tres tipos de presupuestos. Los presupuestos del Estado, donde están el Gobierno Nacional, los provinciales, los y locales, porque están destinando recursos que podrían ser destinados para otros fines mucho mejores que la seguridad. Entonces, uno es el presupuesto público. En segundo lugar, los presupuestos de las empresas, lo que hablábamos hace un momento. Más o menos, en América Latina se estima que alrededor de 15 al 18 % de lo que cuesta un bien hoy día es parte de la seguridad , de los costos de seguridad. Y en tercer lugar, los costos de las familias. Es decir, yo también necesito algo de seguridad y entonces, qué sé yo, no salgo, no salgo de noche. Eso tiene un costo. O tengo que poner guardianía privada, o tengo que poner videovigilancia, etcétera, etcétera.