Ecuador enfrenta una disminución en la producción de arroz, un alimento básico en la dieta nacional. En los últimos veinte años, el país ha perdido 160.000 hectáreas dedicadas al cultivo de este grano, una cifra que alerta sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector agrícola. Esta drástica reducción se debe principalmente a la falta de rentabilidad y al desaliento de los agricultores, quienes optan por abandonar la actividad o cambiar a otros cultivos.
La situación es palpable en regiones tradicionalmente arroceras como Correagua de Crucita, en Manabí, donde terrenos antes cultivados con arroz ahora se destinan a otros usos, incluso a la construcción de locales de alquiler. El experto agrícola Leonardo Escobar detalla que, en 2005, la Costa ecuatoriana contaba con 420.000 hectáreas de arroz. Para 2020, esta cifra se redujo a 340.000 hectáreas y, lamentablemente, en 2025 cerró con apenas 260.000 hectáreas, evidenciando una pérdida acumulada de 160.000 hectáreas.
Manabí, por ejemplo, ha visto cómo sus 15.000 hectáreas de arroz se han reducido a casi 11.000, según datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP). Este impacto no se limita a provincias como Manabí, Guayas o Los Ríos, sino que también genera inquietud en Santo Domingo de los Tsáchilas, una provincia estratégica, donde la menor producción interna de arroz podría presionar los precios al consumidor y aumentar la dependencia de importaciones en un contexto económico ya desafiante para las familias ecuatorianas.
Los precios y la falta de rentabilidad
La principal razón detrás de este declive es el desincentivo económico que sufren los agricultores. Jorge Suárez, productor del cantón Palestina en Guayas, afirma que los precios que reciben por su cosecha son cada vez más bajos. Suárez describe 2025 como el peor año para el sector, especialmente en Guayas, la provincia con mayor producción. Los industriales, en ocasiones, se negaron a comprar la cosecha o pagaron precios irrisorios. Un ejemplo claro es el pago de 28 dólares por una saca de 220 libras de arroz en cáscara, lo que se traduce en apenas 20 centavos por libra de arroz limpio, mientras que el consumidor final paga entre 50 centavos y un dólar en los centros de abasto, dependiendo de la ciudad y el establecimiento.
Esta disparidad de precios significa que los pagos no cubren los costos de producción y, a menudo, los agricultores operan a pérdida. La situación se agrava con el aumento constante de los costos de producción. En 2025, los combustibles, insumos y fertilizantes experimentaron alzas significativas, lo que llevó a muchos productores a sufrir pérdidas considerables. Las expectativas para 2026 son aún más sombrías, anticipando un escenario peor para el sector arrocero.
Falta tecnología para mejorar producción de arroz
Leonardo Escobar coincide en que los precios son un factor crucial, pero subraya la existencia de otras variables que contribuyen al problema. Entre ellas, destaca la ausencia de tecnología moderna para aumentar la productividad por hectárea y la falta de acceso a créditos oportunos por parte del Estado, que permitirían a los agricultores iniciar la siembra en momentos clave, como con las terceras lluvias de diciembre.
Ante esta realidad, muchos campesinos optan por dejar el arroz y cultivar productos con mejores precios, como el cacao o el plátano. Otros han incursionado en el café e incluso en la pitahaya. Sin embargo, lo más preocupante, según Escobar, es que un número significativo de estos productores abandonan definitivamente la agricultura y migran a las ciudades en busca de un futuro mejor. Esta migración, lamentablemente, a menudo los lleva a conformar los cinturones de miseria, lo que a su vez puede desembocar en un aumento de la delincuencia y la violencia, fenómenos que, según el experto, se sienten en su máximo nivel en el país. Escobar enfatiza la necesidad de que el Estado dirija su atención al campo con planes reales y efectivos que frenen esta deserción masiva de la actividad agrícola.
Medidas para mitigar la crisis
Frente a la crisis de precios y la sobreoferta de arroz, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) anunció a finales de 2025 un plan para amortiguar la situación. La estrategia consiste en la compra directa del grano a productores o asociaciones. Como parte de esta iniciativa, se adjudicó un contrato a ocho productores de arroz para la adquisición de 51.000 quintales, con el objetivo de estabilizar el mercado y controlar la sobreoferta de la gramínea, buscando ofrecer un respiro a los agricultores afectados.
Con información de Galo Mero.
