El Ministerio de Energía y Minas informó que la medida cumple la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), que prohíbe vincular la TRB al consumo energético. Por lo tanto, las empresas distribuidoras eliminarán ese cobro desde octubre, lo cual se reflejará en las facturas del mes de noviembre.

La disposición aplica en 41 cantones donde la tasa aún se cobraba junto a la energía. En esos territorios, los municipios deberán asumir la recaudación directa sin participación de las distribuidoras. El objetivo es separar claramente los servicios municipales del sistema eléctrico nacional.

Cantones incluidos en la medida:

  1. Babahoyo

  2. Cumandá

  3. General Antonio Elizalde

  4. Milagro

  5. Coronel Marcelino Maridueña

  6. Naranjito

  7. Simón Bolívar

  8. El Triunfo

  9. Ambato

  10. Cevallos

  11. Mocha

  12. Pastaza

  13. Patate

  14. San Pedro de Pelileo

  15. Santiago de Píllaro

  16. Santa Clara

  17. Tisaleo

  18. Quijos

  19. Quito

  20. Rumiñahui

  21. Salcedo

  22. Biblián

  23. Cañar

  24. Cuenca

  25. Girón

  26. Gualaceo

  27. Nabón

  28. San Fernando

  29. Taisha

  30. Suscal

  31. El Tambo

  32. La Troncal

  33. Playas

  34. Portoviejo

  35. La Concordia

  36. El Carmen

  37. Flavio Alfaro

  38. Pedernales

  39. Santo Domingo

  40. Salinas

  41. Santa Elena

Municipios deberán crear nuevos mecanismos para cobrar la tasa

El Gobierno Nacional indicó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán establecer métodos alternativos de cobro tras la finalización de los convenios con las empresas eléctricas. Las distribuidoras ya no actuarán como agentes recaudadores de valores que no correspondan al servicio energético, cumpliendo así con la legislación vigente.

Los municipios tendrán que garantizar la continuidad del servicio de recolección de desechos sólidos, mientras definen nuevos sistemas administrativos o tecnológicos para el cobro. Según las autoridades, esta acción refuerza la autonomía municipal y la transparencia institucional, además de mejorar la relación entre los usuarios y las entidades recaudadoras.

Gobierno asegura transparencia tarifaria y protección de datos personales

El Ejecutivo destacó su compromiso con la protección de los datos personales de los usuarios del sistema eléctrico nacional. Las empresas distribuidoras no podrán compartir información con los gobiernos locales, excepto la necesaria para la prestación del servicio eléctrico, conforme a la normativa vigente. Esta medida evita el uso indebido de datos y protege la confidencialidad ciudadana.

Asimismo, la eliminación de la Tasa de Recolección de Basura en las planillas eléctricas garantiza una mayor transparencia tarifaria. Las facturas incluirán únicamente el consumo real de electricidad, sin rubros ajenos al servicio. Con esta decisión, el Gobierno busca mantener un sistema justo, eficiente y claro, en el que se respeten plenamente los derechos de los usuarios.