En diálogo con Manavisión Plus, la politóloga Estefanía Luzuriaga aseguró que la consulta popular que se avecina representa una de las pruebas más importantes para la gobernabilidad del país. Según explicó, el Ejecutivo enfrenta el desafío de sostener el orden interno y la legitimidad política en medio de la presión de distintos sectores sociales y políticos.

“Este conflicto termina siendo una prueba significativa de gobernabilidad. Si el Gobierno es capaz de canalizar el malestar social, puede convertirlo en una oportunidad para legitimar su visión y su liderazgo”, señaló.

Luzuriaga recordó que, aunque el Gobierno ha impulsado mesas de diálogo antes y durante las manifestaciones, la falta de resultados concretos ha desgastado la confianza ciudadana. “Hay sectores que sienten que no han sido escuchados, pero también hay grupos que aprovechan ese descontento para posicionarse políticamente”, afirmó.

Un país fragmentado y con liderazgos reconfigurados

La experta destacó que el contexto actual evidencia una profunda fragmentación social y política. “El país ya venía dividido, y esta crisis lo que hace es reconfigurar el tablero electoral. Permite el surgimiento de nuevos liderazgos y consolida una polarización entre quienes apoyan al Gobierno y quienes buscan su debilitamiento”, explicó.

En su análisis, Luzuriaga sostuvo que los resultados de la consulta popular no dependerán únicamente de las preguntas planteadas, sino del manejo político del Ejecutivo en las semanas previas. “La ciudadanía votará con base en su percepción de estabilidad, no solo por el contenido de la consulta. Si el Gobierno proyecta firmeza y capacidad de gestión, puede salir fortalecido”, agregó.

“Ceder podría afectar la credibilidad del Estado”

La politóloga fue enfática al señalar que retroceder ante ciertas demandas sociales podría tener consecuencias negativas para el Gobierno. “Si el Ejecutivo decide ceder y retroceder, quedará en entredicho su capacidad para precautelar los intereses de todos los ecuatorianos”, dijo.

Entre las propuestas que, según Luzuriaga, ponen en riesgo la sostenibilidad económica del país, mencionó el aumento del salario básico a 650 dólares. “Una subida del 40 % tendría un efecto inflacionario inmediato. Habría que nivelar salarios, revisar costos de producción y el impacto sería transversal en toda la economía”, puntualizó.

A su criterio, el Gobierno debe mantener el diálogo, pero sin comprometer su capacidad de decisión ni su autoridad. “No se trata de no escuchar, sino de diferenciar entre demandas legítimas y presiones políticas que buscan desestabilizar”, subrayó.

La gobernabilidad y el control territorial en disputa

Luzuriaga advirtió que la gobernabilidad también está en riesgo por la expansión del crimen organizado y la minería ilegal, factores que generan focos de violencia en varias provincias. “La falta de gobernanza ha dejado espacios vacíos que hoy son ocupados por mafias. Recuperar esos territorios será uno de los mayores retos del Estado”, indicó.

Afirmó que la lucha declarada contra la minería ilegal ha desencadenado reacciones violentas. “Hay grupos con intereses económicos que operan al margen de la ley. Cuando el Estado intenta regular o transparentar la actividad minera, la respuesta suele ser violenta”, comentó.

La especialista añadió que este tipo de conflictos son síntomas de una pérdida progresiva del control estatal: “Cuando hablamos de falta de gobernanza, nos referimos a territorios donde el Estado ya no logra ejercer autoridad efectiva”.

“Ecuador necesita una política criminal seria”

Para Luzuriaga, la seguridad y la justicia deben ser pilares fundamentales de la gobernabilidad . En ese sentido, insistió en la creación de una política criminal integral que permita al Estado actuar con eficacia frente al narcotráfico y la corrupción.

“Ecuador necesita una política criminal seria, con instituciones judiciales que funcionen y operadores protegidos. Sin una justicia fortalecida, cualquier esfuerzo por recuperar el control del país será insuficiente”, afirmó.

También advirtió que la lucha contra las bandas organizadas no termina con la captura de cabecillas. “Cada vez que cae un líder criminal, se produce una reorganización interna que genera más violencia. Lo hemos visto en Colombia, en México y ahora en Ecuador”, explicó.

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La protesta social y sus límites

Sobre las movilizaciones recientes, Luzuriaga señaló que el derecho a la protesta no puede confundirse con la violencia. “La legitimidad de una movilización depende de su forma. Cuando la protesta se convierte en bloqueo, agresión o vandalismo, pierde su valor social y político”, sostuvo.

Reiteró que las demandas indígenas, laborales y sociales deben ser atendidas con diálogo, pero dentro de los canales institucionales. “No puede aceptarse que un grupo decida sobre temas nacionales a partir de la paralización. Eso erosiona la autoridad del Estado y el principio de igualdad ante la ley”, dijo.

La politóloga consideró que el Gobierno actuó correctamente al abrir diálogo con comunidades directamente afectadas, como las de Imbabura, aunque no haya logrado acuerdos con la dirigencia nacional. “Es importante que se priorice la atención a las zonas más golpeadas por la crisis, incluso si eso genera tensiones con las organizaciones centrales”, explicó.

Un reto para la legitimidad del Gobierno

De cara a la consulta popular , Luzuriaga considera que el Ejecutivo debe aprovechar el proceso como un espacio para reforzar su conexión con la ciudadanía. “La consulta no debe verse solo como una herramienta política, sino como una oportunidad para medir el respaldo social y renovar la confianza en las instituciones”, comentó.

Para la analista, el desafío no será únicamente aprobar o no las preguntas de la consulta, sino mantener la cohesión interna y la estabilidad democrática. “El Gobierno tiene que transformar la crisis en legitimidad y mostrar que puede ejercer autoridad sin recurrir al autoritarismo”, afirmó.