A las 18:00 horas de este jueves 22 de enero de 2026, el Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, suspendió de forma oficial la venta de energía eléctrica a Ecuador tras la imposición previa de aranceles por parte del presidente Daniel Noboa. La medida, ejecutada a través del Ministerio de Minas y Energía, detuvo un flujo de hasta 450 megavatios (MW), dejando la interconexión fronteriza en niveles mínimos técnicos. Esta decisión responde a una estrategia de reciprocidad comercial luego de que Ecuador gravara con un 30% las importaciones colombianas, marcando un punto crítico en las relaciones diplomáticas y la seguridad energética regional.
Ruptura del flujo energético fronterizo
La interrupción del suministro eléctrico se confirmó mediante los datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) de Ecuador, que registraron en la página web una caída estrepitosa en la importación de energía. Este intercambio, que históricamente ha servido para estabilizar las redes de ambos países, se vio afectado por una decisión política que trasciende lo técnico. La suspensión ocurre en un contexto donde el suministro eléctrico es vital para la continuidad de la industria y el bienestar ciudadano.
La interconexión funciona como una batería externa: cuando un país produce menos de lo que necesita, el vecino le suministra el faltante. Colombia ha sido el principal proveedor externo de Ecuador, cubriendo aproximadamente el 7% de la demanda nacional. Al desaparecer este flujo, el sistema eléctrico ecuatoriano pierde su principal respaldo ante contingencias.
El detonante de la crisis comercial
El conflicto se originó días atrás cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, implementó un arancel del 30% para productos provenientes de Colombia. La administración de Noboa argumentó que esta medida era necesaria para proteger la producción nacional y corregir el déficit comercial. Sin embargo, para Colombia, esta acción fue interpretada como una barrera injustificada al libre comercio regional, lo que desencadenó una respuesta inmediata.
Como medida de presión, Colombia no solo detuvo la electricidad, sino que aplicó un arancel recíproco del 30% a una lista seleccionada de productos ecuatorianos. Esta "guerra de impuestos" ha escalado rápidamente, afectando sectores que antes se consideraban protegidos por convenios de cooperación internacional. La electricidad, utilizada como herramienta de negociación, ha dejado a los sectores productivos de ambos países en una situación de incertidumbre.
Capacidad de generación en Ecuador
A pesar de la desconexión, el Ministerio de Energía de Ecuador ha manifestado que el país posee una capacidad instalada de 5,454 MW. En condiciones óptimas, este parque generador es suficiente para cubrir la demanda interna sin recurrir a racionamientos. No obstante, la operatividad del sistema depende en gran medida de las centrales hidroeléctricas, que generan cerca del 80% de la luz que consume el país.
El riesgo principal reside en la vulnerabilidad ante factores externos. Si bien actualmente no hay apagones programados, la ausencia del respaldo colombiano obliga a Ecuador a exigir al máximo sus plantas térmicas y sus represas. La estabilidad del servicio ahora depende directamente de que no ocurran fallas técnicas en grandes complejos como Coca Codo Sinclair y de que los niveles de agua en los embalses se mantengan estables.
Amenaza climática y el factor Mazar
Los expertos en energía señalan que el factor determinante será el clima. Ecuador enfrenta ciclos de sequía vinculados al Fenómeno de El Niño, los cuales reducen drásticamente el caudal de los ríos que alimentan las turbinas en el Austro ecuatoriano. Represas críticas como Mazar y Paute son el corazón del sistema; si sus niveles descienden por debajo de los límites operativos, el país no tendrá a quién comprar energía de emergencia.
Sin la opción de importar electricidad desde Colombia, la única alternativa para evitar la oscuridad total sería el encendido de plantas termoeléctricas que funcionan con combustibles fósiles. Este proceso no solo es más contaminante, sino significativamente más costoso, lo que podría derivar en un aumento del gasto público o, eventualmente, en un ajuste de las tarifas para el consumidor final.
Posibles represalias en el sector petrolero
La tensión diplomática podría trasladarse ahora al sector de los hidrocarburos. El gobierno ecuatoriano evalúa revisar los acuerdos de transporte de crudo a través del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Colombia utiliza esta infraestructura para exportar parte de su producción petrolera hacia los mercados internacionales. Un bloqueo o incremento de tarifas en este servicio impactaría directamente en la economía colombiana.
Este escenario de "ojo por ojo" económico preocupa a los analistas internacionales, ya que ambos países comparten una frontera viva con un alto intercambio comercial. La parálisis de los acuerdos energéticos es vista como un retroceso en la integración regional. Mientras tanto, las cancillerías de ambos países mantienen canales de comunicación mínimos, priorizando la defensa de sus respectivas políticas arancelarias.
La suspensión de la venta de energía marca el fin de una etapa de cooperación energética fluida. En los próximos días, el comportamiento de la demanda eléctrica en Ecuador será clave para determinar si el país puede sostenerse solo. El éxito de la estrategia ecuatoriana dependerá de la eficiencia de sus plantas y de las condiciones climáticas en las cuencas hidrográficas.
