Entre 2020 y 2025, Ecuador registró 40 atentados contra jueces, fiscales y funcionarios judiciales, según el Observatorio de Derechos y Justicia, debido al avance del crimen organizado y la búsqueda de impunidad.

Violencia organizada y sistema judicial

La violencia vinculada a estructuras delictivas no solo impacta a la ciudadanía. También golpea al sistema judicial ecuatoriano. Así lo documenta el Observatorio de Derechos y Justicia.

De acuerdo con el informe, al menos 40 hechos violentos afectaron a operadores de justicia en cinco años. Estos ataques incluyeron asesinatos, intentos de homicidio y agresiones armadas. El documento señala que 15 jueces y fiscales fueron asesinados en ese periodo. La cifra comprende tres jueces y doce fiscales, además de otros funcionarios vinculados a la función judicial.

El análisis se inserta en un contexto nacional crítico. En 2025, Ecuador alcanzó 8 847 homicidios, el número más alto registrado en su historia reciente.

Esa cifra superó incluso a 2023, cuando se contabilizaron 8 248 muertes violentas, según datos oficiales citados en el informe del Observatorio. Este escenario ubicó al país como el sexto más peligroso del mundo, de acuerdo con el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025.

Objetivos estratégicos del crimen organizado

Según el Observatorio, los jueces y otros operadores de justicia se convirtieron en blancos prioritarios. La razón responde a intereses directos de las organizaciones criminales.

"A través de la corrupción o la violencia, los grupos delictivos buscan cooptar el sistema de justicia para garantizar la impunidad de sus miembros", señala el informe. Por ello, los ataques no responden a hechos aislados. El documento advierte sobre un patrón repetido en distintas provincias del país.

Entre 2020 y 2025, el registro incluye nueve intentos de asesinato y siete ataques armados contra dependencias judiciales. Estas acciones completan los 40 casos documentados.

El Observatorio identificó riesgos mediante mesas de trabajo y encuestas con jueces y juezas. Uno de los principales problemas fue la falta de protección policial. En la mayoría de casos, las víctimas no contaban con resguardo, pese a amenazas previas. Los atentados ocurrieron durante desplazamientos cotidianos.

Intimidación y vulnerabilidad institucional

Los ataques se ejecutaron en trayectos entre domicilios y lugares de trabajo. También se registraron hechos en restaurantes y centros educativos vinculados a familiares.

El informe detalla diversas formas de intimidación. Estas incluyeron amenazas de bomba, hostigamiento digital y mensajes enviados por intermediarios. Asimismo, se documentaron intentos de secuestro, colocación de explosivos en vehículos y irrupciones armadas en dependencias judiciales, según el Observatorio.