El Gobierno de Ecuador analiza declarar una emergencia para acelerar la adquisición de materiales y servicios que fortalezcan la seguridad del país, en respuesta al alarmante incremento de la violencia.
El presidente Daniel Noboa instruyó a los ministerios del Interior y Defensa que evalúen —de manera independiente y conforme a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública— la necesidad de implementar mecanismos excepcionales para compras rápidas destinadas a la defensa, la seguridad interna y el orden público.
Fuerzas del orden refuerzan operativos tras ola de violencia
La decisión llega después del despliegue de alrededor de 10 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Los Ríos, donde se desarrolla el operativo denominado "Ofensiva Total". Este operativo busca contener la expansión del crimen organizado y responder a la crisis de seguridad que afecta especialmente a la región litoral.
Noboa encabezó una reciente sesión del Bloque de Seguridad, ente que articula acciones conjuntas entre las fuerzas militares y policiales. Durante la reunión se evaluaron estrategias para enfrentar las amenazas crecientes y se revisaron los resultados alcanzados por las fuerzas del orden en la contención de delitos violentos.
Récord alarmante de homicidios en el país
Según las cifras preliminares del Observatorio del Crimen Organizado, Ecuador cerró el año 2025 con más de nueve mil asesinatos, alcanzando una tasa estimada de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes. Este dato convierte al 2025 en el año más sangriento de la historia nacional, evidenciando la grave situación de inseguridad pública.
Debate y cuestionamientos a la respuesta gubernamental
El Gobierno, bajo la administración de Noboa, recurrió en los últimos meses a medidas extraordinarias como la militarización y la declaración de estados de excepción, acciones que han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas. Las denuncias se centran en presuntos abusos y casos de desapariciones forzadas ocurridos en el desarrollo de las operaciones.
Pese a los esfuerzos gubernamentales, el crecimiento de las muertes violentas persiste, lo que mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la población. El análisis sobre la posible declaración de emergencia para compras ágiles plantea nuevas interrogantes sobre los medios y mecanismos más efectivos para enfrentar la crisis de seguridad sin vulnerar derechos fundamentales.
