La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el asambleísta suspendido Santiago Díaz Asque , procesado por presunta violación a una niña de 12 años, se difería este jueves 16 de octubre en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, al norte de Quito, debido a un pedido de su abogado por enfermedad. La diligencia, convocada por la jueza Carla Olalla a las 08h45, buscaba debatir vicios de nulidad y escuchar el dictamen acusatorio de la Fiscalía, pero no se instaló tras el anuncio del diferimiento, conocido minutos antes.
Santiago Díaz Asque, de 56 años y exlegislador de la Revolución Ciudadana (RC) , enfrenta cargos por hechos ocurridos en diciembre de 2024. La instrucción fiscal, iniciada el 22 de julio tras su entrega voluntaria en Tumbaco, duró 60 días y concluyó hace casi un mes. La jueza Olalla impuso prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga, ya que el acusado evadió a la justicia durante días, según partes policiales.
La Fiscalía sustentó su teoría del caso con 25 elementos de convicción , entre ellos el testimonio anticipado de la víctima, que detalló los abusos tras una cena navideña organizada por Díaz Asque, a la que asistió con su madre y tía. Versiones de la madre, el padre y la hermana de la niña coincidieron con el relato de la menor, según documentos judiciales.
En allanamientos realizados entre el 9 y el 13 de julio en la vivienda del procesado, se incautaron diez celulares, credenciales, una memoria flash y otros dispositivos electrónicos. Estos indicios, junto a documentos, forman parte de la investigación previa abierta por la Fiscalía ante la denuncia del 7 de julio. Dado que involucra a una menor y delito de violación, el proceso se maneja con reserva sumarial. La formulación de cargos se produjo horas después de la entrega de Santiago Díaz Asque el 21 de julio en Tumbaco , nororiente de Quito. El Gobierno ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información sobre su paradero, dada su evasión inicial. La jueza Olalla, al evidenciar presunciones de conducta delictiva bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), inició la instrucción fiscal.
Santiago Díaz Asque asumió como asambleísta nacional en mayo de 2025, tras la sanción a Priscila Schettini, y formó parte de los registros de RC. Anteriormente, fue asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) entre 2014 y 2018. El 3 de julio de 2025, presentó un proyecto de ley para reducir la edad de consentimiento sexual a 14 años, reformando el artículo 175 del COIP, lo que generó controversia.Tras la denuncia, RC lo expulsó el 8 de julio, repudiando la acusación en un comunicado.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió sus derechos parlamentarios el 29 de julio, principalizando provisionalmente a su alterna, Annie Christina Muñoz. Si es hallado culpable, enfrenta una pena de 19 a 22 años de prisión, según el COIP.
Joan Paul Egred, abogado de la parte acusadora, calificó el pedido de diferimiento como una "maniobra dilatoria fuera de los principios de buena fe y lealtad procesal". En declaraciones tras conocer la suspensión, Egred detalló que el certificado médico se presentó a última hora el miércoles 15 de octubre."Suponemos que pretenden dilatar esta causa. Hoy exigiremos que se fije cuanto antes, porque demandamos una justicia rápida y expedita", afirmó.
Egred reconoció que estas acciones generan desazón en la víctima y sus padres , pero expresó confianza en la justicia ecuatoriana y en el trabajo de la Fiscalía. "Esperamos que el señor Díaz se someta a la justicia que corresponde", añadió. La defensa de la víctima insiste en el llamado a juicio, basado en las pruebas recopiladas.
El diferimiento se produce en un contexto de escrutinio público al manejo de casos de violencia sexual en Ecuador. En los últimos 10 años, se registraron 66.000 denuncias por violación, según datos de la Fiscalía. Este caso, que involucra a un exlegislador, ha intensificado debates sobre protección a menores y accountability política.La próxima fecha para la audiencia no se ha definido, pendiente de resolución judicial. La Fiscalía mantiene su solicitud de prisión preventiva, citando la falta de garantías de comparecencia de Santiago Díaz Asque . Mientras, el proceso avanza con reserva, priorizando la integridad de la víctima.
El caso resalta tensiones en el ámbito legislativo, donde RC ha enfrentado críticas por su silencio inicial, según denuncias de activistas como Nataly Morillo. La expulsión de Díaz Asque subraya la condena interna al delito. Fuentes judiciales indican que la preparación de juicio podría reprogramarse en días, permitiendo el debate de nulidades y la emisión del dictamen.La prisión preventiva de Díaz Asque se cumple en el centro de rehabilitación social de Quito, desde julio. La víctima, de 12 años al momento de los hechos, recibe acompañamiento psicológico, conforme a protocolos de la Fiscalía para casos de violencia contra menores (24).
