El 23 de septiembre de 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó al juez J.E.R.M., de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, tras liberar al ex secretario de Inteligencia Pablo Romero Quezada, condenado a nueve años por secuestro, contraviniendo la ley vigente.
Excarcelación irregular y consecuencias legales
El 19 de marzo de 2023, J.E.R.M. emitió una orden de excarcelación pese a que Romero cumplía sentencia, dictada el 2 de septiembre de 2020 por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia. La decisión vulneró el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que limita las medidas cautelares a situaciones de amenaza inminente de derechos.
El fallo desnaturalizó la acción constitucional de medidas cautelares, generando cuestionamientos sobre la actuación judicial y su apego a la ley. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito del Guayas concluyó que el magistrado incurrió en infracciones disciplinarias gravísimas, calificadas como “manifiesta negligencia o error inexcusable”.
El caso destacó por su alto perfil político y mediático, dado que Romero Quezada ocupó un cargo clave durante el gobierno de Rafael Correa. Su liberación generó un precedente cuestionable en la aplicación de medidas cautelares frente a sentencias firmes.
Destitución adicional por errores en procesos civiles
En paralelo, el CJ destituyó a la jueza F.G.A.B., de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, por un error inexcusable. La magistrada no resolvió un recurso de aclaración y ampliación presentado el 4 de febrero de 2022, pero sí aceptó un recurso de revocatoria del demandado remitido el 10 de marzo de 2022.
La decisión se basó en la supuesta existencia de una sentencia de la Corte Constitucional que, en realidad, no existía. Esto evidenció negligencia grave y falta de fundamentación legal en sus resoluciones, vulnerando los derechos procesales de las partes involucradas.
Contexto judicial y medidas del Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura ejerce control disciplinario sobre jueces y juezas del país. Las destituciones reflejan la aplicación de sanciones severas ante decisiones que contravienen normas vigentes y comprometen la confianza en la justicia.
En este contexto, la institución reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta aplicación de la ley. Las acciones buscan prevenir la repetición de errores graves y fortalecer la credibilidad del sistema judicial.
Impacto y seguimiento
Los fallos destituyentes resaltan la importancia del cumplimiento estricto de la normativa y la supervisión del CJ sobre jueces de todo el país. Analistas legales coinciden en que estas medidas pueden sentar un precedente sobre la responsabilidad judicial en casos de alto perfil.
La sociedad y los medios continúan atentos al seguimiento de estas causas, dado que implican figuras vinculadas a gobiernos anteriores y decisiones con implicaciones legales y políticas significativas.
