El exconsejero suplente de Participación Ciudadana Oscar Ayerve denunció ante la Fiscalía General del Estado el presunto uso ilegal de papel de seguridad de la DINARDAP en procesos de matriculación y revisión técnica vehicular en varios cantones de Manabí y el Ecuador.
Los señalamientos derivaron en procesos judiciales en Bolívar, Calceta, Manabí , y en cuestionamientos hacia fiscales y jueces que archivaron parte de las causas.
Sin embargo, Daniel Jiménez , representante legal de David Monroy, Jimmy Rivera y Yesenia Orbe , en una rueda de prensa en Manta, Manabí, rechazó las acusaciones. Las calificó de “calumnias gravísimas” motivadas por un supuesto conflicto de intereses económicos.
Según Ayerve, la irregularidad se detectó en 2021 cuando empezaron a aparecer documentos vehiculares con papel de seguridad de la DINARDAP en diferentes cantones del país . El denunciante remitió informes a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría General del Estado y a los ministerios competentes para que se investigue el origen de este material.
En Bolívar, Calceta en Manabí, se presentaron cargos contra tres personas identificadas como David Monroy, Jimmy Rivera y Yesenia Orbe , a quienes se señaló como presuntos responsables de falsificación y uso de documentos falsos. En ese cantón, la DINARDAP se constituyó como víctima y el juez aceptó la demanda.
No obstante, Ayerve cuestionó que en otros tres cantones se archivaron las causas sin agotar las diligencias. Anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue la actuación de fiscales y jueces que resolvieron el archivo de los procesos.
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El abogado Daniel Jiménez , representante legal de Monroy, Rivera y Orbe, ofreció una rueda de prensa en Manta para rechazar las acusaciones. Calificó las denuncias como “calumnias gravísimas” y argumentó que fueron motivadas por un supuesto conflicto de intereses económicos en procesos de contratación pública relacionados con la impresión de documentos oficiales.
Jiménez sostuvo que Ayerve ha presentado 22 denuncias por los mismos hechos en diferentes jurisdicciones. El abogado aseguró que su cliente adquirió papel de seguridad en 2020 de manera lícita, durante la pandemia, para cumplir un contrato adjudicado legalmente. Mostró facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y un acta notarial de constatación elaborada en 2022 , documentos que -dijo- acreditan la legalidad del material adquirido.
Además, el abogado señaló que Ayerve mantiene deudas millonarias con entidades financieras y con la Corporación Financiera Nacional. Él jurista aseguró que esas denuncias responderían a intereses económicos afectados por la competencia en procesos licitatorios.
La DINARDAP (Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos) es la entidad encargada de custodiar el papel de seguridad. El papel es utilizado en documentos oficiales como matrículas vehiculares, certificados y otros trámites públicos. Su uso irregular podría facilitar falsificaciones que afectan la seguridad documental del Estado.
El caso ha generado preocupación porque involucra procesos en varios cantones manabitas y del país. En estos lugares, se habrían detectado documentos vehiculares emitidos con este papel de seguridad sin la autorización correspondiente.
La denuncia de Ayerve y la defensa de los acusados revelan un conflicto de versiones que ahora deberá resolverse en sede judicial. Mientras la Fiscalía investiga el posible origen ilícito del material, la defensa insiste en que se trató de una compra legal y documentada.
Ayerve anticipó que solicitará la reapertura de causas archivadas y la investigación de las actuaciones fiscales. En paralelo, la defensa de los acusados planea presentar acciones legales por presunta persecución y daño a la reputación de sus clientes.
El seguimiento del caso será clave para determinar si existió una red de falsificación de documentos oficiales o si las denuncias responden a disputas comerciales vinculadas a la impresión de papelería estatal.
