El déficit de jueces en Ecuador alcanza cifras alarmantes . Actualmente, el país necesita 753 jueces , lo que afecta la justicia y la confianza ciudadana. Esta problemática impacta directamente en la operatividad y genera un gasto de $50.4 millones al presupuesto anual del Consejo de la Judicatura .
La falta de jueces se distribuye así: 11 en la Corte Nacional , 57 en Cortes Provinciales , 46 en Tribunales Distritales , 53 en Tribunales Penales , 470 en Unidades Judiciales y 116 en materia constitucional. Estos datos reflejan la gravedad de la crisis judicial y la urgencia de acciones concretas para fortalecer la Función Judicial .
El presidente del Consejo de la Judicatura , Mario Godoy, reveló que el 50.61% de las dependencias judiciales se encuentra en estado crítico. Esto implica deficiencias estructurales y funcionales que comprometen la operatividad del sistema judicial. El 35.51% de las unidades está en estado regular , con deterioros progresivos y amenazas a su funcionamiento.
Solo el 13.88% de las entidades judiciales permanece en buen estado . Esta situación evidencia la necesidad de reformas profundas y la asignación de recursos para garantizar una justicia eficiente y accesible para todos los ecuatorianos.
Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados , calificó la crisis del sistema judicial como "deplorable" en una entrevista con el programa FM Mundo. Desde el punto de vista financiero , no existen recursos ni para insumos básicos como tinta de impresoras y hojas para citaciones. Esta realidad genera un "cuello de botella" que ralentiza los procesos judiciales y agrava la percepción negativa sobre el sistema.
El déficit de jueces en Ecuador provoca que la justicia sea más lenta y los mecanismos legales se extiendan. La ciudadanía pierde la confianza en la justicia ante avances mínimos en los procesos penales, lo que debilita el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
A pesar de las deficiencias, el sector judicial no recibe atención prioritaria . La Constitución establece como pilares la educación, la salud y la justicia, pero el sistema judicial queda relegado. Ante esta realidad, Mario Godoy propuso reformas al Código Orgánico de la Función Judicial , enfocadas en mejorar los concursos de selección y actualizar los parámetros de las pruebas de confianza.
Una de las propuestas más relevantes es la unificación de terminología y la actualización de los parámetros para la selección de jueces . Esto permitiría una mayor transparencia y eficiencia en los procesos de designación.
Paúl Ocaña insiste en que la academia y los gremios profesionales deben participar en la elaboración de los formatos de concursos. "Lo que no puede pasar es que se designen jueces a dedo", advierte. La transparencia en la selección es clave para fortalecer la confianza en la justicia y evitar la politización de los nombramientos.
Otra reforma planteada por Godoy es la evaluación y categorización anual de los servidores judiciales . Aquellos que no cumplan los requisitos mínimos deben ser removidos de inmediato , garantizando así la calidad y profesionalismo en la Función Judicial.
Ocaña propone la conformación de una veeduría que observe el proceso de evaluación y separación de funcionarios judiciales . Esta medida busca evitar que buenos elementos sean reemplazados por personas afines a la administración actual, sin un concurso real. "Esto para evitar que caigamos en errores como sacar a buenos funcionarios y poner nuevos a dedo", señala.
La crisis judicial en Ecuador requiere atención inmediata, reformas estructurales y la participación activa de la sociedad. Solo así se podrá recuperar la confianza en la justicia y garantizar el acceso a un sistema judicial eficiente y transparente .
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