El Defensor del Pueblo, César Córdova, solicitó este miércoles 19 de noviembre al ministro del Interior, John Reimberg, autorización para inspeccionar la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. La visita, busca verificar el estado real de las instalaciones y el cumplimiento de derechos humanos de los reclusos, en medio de denuncias sobre su inauguración incompleta.
La petición responde a la reciente apertura del centro el 10 de noviembre , cuando se trasladaron más de 300 internos de alta peligrosidad desde otras prisiones del país. Entre ellos figura el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por casos de corrupción. Córdova enfatizó la necesidad de revisa r aspectos clave como el comodato de uso, contratos de alimentación y suministro de agua potable, para garantizar estándares mínimos en el sistema penitenciario ecuatoriano.
La Cárcel del Encuentro surgió como respuesta a la escalada de violencia en las prisiones, marcada por masacres como la ocurrida el 9 de noviembre en Machala. Este complejo, construido en la comuna Juntas del Pacífico sobre 16,2 hectáreas, representa una inversión de aproximadamente 52 millones de dólares y cuenta con medidas de máxima seguridad , incluyendo cinco anillos de control y cierre del espacio aéreo.
Su capacidad proyectada es de 800 reclusos, pero opera con avances entre el 35% y 45%.
Córdova confirmó que "faltan dos pabellones para su terminación", lo que genera preocupación por el hacinamiento generalizado en Ecuador, donde el sistema penitenciario supera el 30% de su capacidad con más de 36.000 internos, incluyendo 22.652 sentenciados y 13.674 en prisión preventiva.
La Defensoría del Pueblo ha realizado 82 visitas a centros de rehabilitación social entre abril y mayo de este año, como parte de su labor de vigilancia. En este sentido, la inspección a la Cárcel del Encuentro busca priorizar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, evitando violaciones reportadas en traslados recientes, como el rapado de cabezas.
Por otro lado, autoridades destacan la tecnología avanzada del penal, diseñado para aislar a líderes de bandas criminales vinculados a masacres y atentados con coches bomba entre 2024 y 2025. La solicitud de Córdova se enmarca en esfuerzos por mitigar la inseguridad carcelaria, que ha cobrado cientos de vidas en los últimos años. (39)
