El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, firmó el Decreto Ejecutivo 299 con el objetivo de reorganizar la representación del Gobierno en sectores estratégicos. Mediante el documento oficial, se designó al señor Byron Walther Franco Tutiven como el nuevo representante del Primer Mandatario ante el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Esta movida administrativa emprendora por Daniel Noboa no es un trámite cualquiera, pues ocurre en un momento de alta tensión para la movilidad nacional. El Decreto Ejecutivo 299 fue suscrito en la provincia de Santa Elena el pasado 31 de enero de 2026. La normativa vigente establece que esta designación entra en vigor de forma inmediata desde su firma, sin que sea indispensable esperar a su publicación formal en el Registro Oficial para que el funcionario asuma sus competencias legales.

El impacto del Caso Jaque en la gestión

La llegada de Franco Tutivén al organismo se produce apenas 24 horas después de que estallara una crisis de proporciones mayores dentro de la institución. El Decreto Ejecutivo 299 surge como respuesta política a la ejecución del denominado "Caso Jaque", una operación liderada por la Fiscalía que derivó en el allanamiento de domicilios de varios empleados de la entidad. Las investigaciones apuntan a una presunta red de corrupción que operaba internamente para beneficiarse de trámites ilícitos y cobros indebidos.

Dentro de este proceso judicial, se destaca la detención de Pedro Abril, quien ejercía funciones como director ejecutivo de la institución. A Abril se le vincula con una estructura criminal dedicada a la delincuencia organizada, enfocada principalmente en la emisión de licencias de conducir de forma fraudulenta. Ante la gravedad de los hallazgos, el Gobierno tomó la decisión radical de suspender la atención al público por un periodo de 30 días para realizar una auditoría profunda.

Marco legal y atribuciones del delegado

El nombramiento de Byron Walther Franco Tutivén se sustenta en las facultades constitucionales que otorgan al Jefe de Estado la potestad de dirigir la administración pública. El Decreto Ejecutivo 299 invoca el artículo 147, numeral 9 de la Constitución, el cual permite al Presidente nombrar y remover libremente a sus colaboradores y representantes en los distintos niveles del Estado ecuatoriano. Esta estructura busca garantizar que las políticas del Ejecutivo se cumplan con transparencia.

Asimismo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece en su artículo 18 la composición del Directorio de la ANT. En este cuerpo colegiado participan ministros de Estado de áreas como salud y educación, además de delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La figura de un representante designado por el Presidente es vital para la toma de decisiones estratégicas y la fiscalización interna, especialmente tras los recientes allanamientos ocurridos en las oficinas centrales.

Hacia una depuración del sistema de tránsito

Aunque el señor Franco Tutivén se integra al Directorio, su papel es distinto al de la Dirección Ejecutiva de la entidad. El Decreto Ejecutivo 299 especifica su rol como delegado del mandatario, pero aún resta por definirse quién liderará operativamente la institución mediante una terna. La misión inmediata de este nuevo equipo será limpiar la imagen de una entidad que ha sido señalada por la ciudadanía como un foco de irregularidades administrativas y cobros ilegales de sobornos para trámites.

La disposición derogatoria única del decreto ratifica que cualquier norma de igual o menor jerarquía que se oponga a este cambio queda sin efecto. Con esta medida, el Gobierno de Daniel Noboa busca enviar un mensaje de firmeza frente a la delincuencia organizada infiltrada en las filas estatales. La comunidad espera que el cierre temporal de 30 días arroje resultados concretos sobre el alcance de la trama de corrupción y se restablezca la confianza en los procesos de tránsito nacional.