La Corte Constitucional (CC) dio luz verde este viernes 3 de octubre a la propuesta del presidente Daniel Noboa para incluir una pregunta en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Esta busca reducir el número de asambleístas en la Asamblea Nacional. Según el dictamen 10-25-RC/25, la iniciativa cumple con los requisitos de claridad, neutralidad y concordancia establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). La decisión permitirá a la ciudadanía pronunciarse sobre la modificación del artículo 118 de la Constitución. Esto reduciría los asambleístas de 151 a aproximadamente 73, según los criterios propuestos.
La pregunta aprobada por la CC es: “¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?”. La Corte dispuso que la papeleta incluya una tabla explicativa. Así se detallará cómo se aplicaría la reducción, garantizando transparencia en el proceso.
#BoletínCC| La @CorteConstEcu se pronuncia sobre propuestas de enmienda, estado de excepción y pedidos de aclaración. Con estas decisiones reafirma su rol de garante de la Constitución, los derechos y la seguridad jurídica.#ProtegemosDerechos pic.twitter.com/xOUJDlbBNt
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) October 4, 2025
Contexto de la propuesta
La iniciativa, presentada por el presidente Noboa el 14 de agosto de 2025, fue inicialmente rechazada por la Corte Constitucional el 15 de septiembre. Esto se debió a la falta de claridad en la pregunta original, que no especificaba el número exacto de asambleístas ni los efectos en la representación por provincia. La Corte señaló que la ausencia de esta información vulneraba los principios de claridad y lealtad establecidos en los artículos 103 y 104 de la LOGJCC. En respuesta, Noboa reformuló la pregunta e incluyó los criterios específicos y un anexo con la tabla explicativa. Esto permitió su aprobación en el segundo control constitucional.
El nuevo texto propuesto para el artículo 118 establece que la Asamblea Nacional, unicameral y con sede en Quito, se compondrá de: 10 asambleístas nacionales, un asambleísta por cada provincia y un asambleísta adicional por cada 400.000 habitantes, según el último censo nacional. Además, la ley determinará la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y la circunscripción del exterior. Una disposición transitoria indica que, de aprobarse en el referéndum, la Asamblea tendrá 90 días desde la publicación de los resultados en el Registro Oficial para realizar las reformas legales necesarias.
Implicaciones de la reducción
La propuesta busca reducir significativamente el tamaño de la Asamblea Nacional, que actualmente cuenta con 151 asambleístas. Según estimaciones basadas en el último censo, la reforma reduciría el número a cerca de 73 legisladores. Esto ajustaría la representación por población y provincia. La Corte Constitucional destacó que la inclusión de la tabla explicativa en la papeleta permitirá a los votantes comprender el impacto de la enmienda en la estructura legislativa y la representación democrática.
Proceso hacia el referéndum
Con esta aprobación, el Referéndum y Consulta Popular 2025 incorporará una tercera pregunta, sumándose a las previamente autorizadas. La Corte Constitucional no especificó la fecha exacta del referéndum. Sin embargo, su decisión marca un paso clave en el proceso de consulta ciudadana impulsado por el Ejecutivo. La reducción del número de asambleístas ha generado debate. Algunos sectores consideran que optimizará recursos, mientras otros advierten sobre posibles impactos en la representación de provincias menos pobladas.
El dictamen de la Corte Constitucional subraya la importancia de garantizar un proceso transparente y claro para los votantes. Las autoridades electorales deberán ahora preparar la logística para incluir esta pregunta en la papeleta. Así se asegurará que la ciudadanía cuente con la información necesaria para tomar una decisión informada.
