El 30 de septiembre de 2025 , el Consejo de la Judicatura destituyó a un juez de Balsas, El Oro , y a un defensor público de Esmeraldas por faltas gravísimas , tras confirmar violaciones a normas de competencia y delitos sexuales que afectaron la confianza en la justicia.

Destitución del juez en El Oro

El Consejo de la Judicatura sancionó al juez E.E.A.H., de la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas, por tramitar y resolver una acción de protección fuera de su jurisdicción. Los hechos ocurrieron en Macará, lo que violó las normas de competencia.

La Corte Provincial de Justicia de El Oro revocó la decisión del juez y concluyó que actuó con manifiesta negligencia , afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos involucrados. La resolución del Consejo de la Judicatura enfatiza que la función judicial debe respetar los límites territoriales y legales.

Según el informe disciplinario, esta irregularidad constituye una falta grave que justifica la destitución inmediata , con el objetivo de mantener la integridad y transparencia del sistema judicial ecuatoriano.

Caso del defensor público en Esmeraldas

El Tribunal de Garantías Penales declaró culpable al defensor público O.A.V.V., de Esmeraldas, por el delito de abuso sexual. Tipificó la infracción bajo el artículo 109.10 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El Consejo de la Judicatura determinó que la conducta del defensor vulneró gravemente los principios de ética y legalidad, por lo que se dispuso su destitución inmediata . Esta medida busca proteger a los usuarios de la justicia y fortalecer la confianza pública en los servidores judiciales.

Contexto y fortalecimiento de la justicia

El Consejo de la Judicatura reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta administración de justicia . Todas las actuaciones de los servidores judiciales serán monitoreadas para garantizar que cumplan la normativa vigente.

Las destituciones destacan la vigilancia activa sobre la función judicial y refuerzan la política de sancionar cualquier irregularidad que afecte la seguridad jurídica de los ciudadanos. Asimismo, se envía un mensaje claro de que los delitos cometidos por funcionarios públicos no quedarán impunes.

El Pleno del Consejo concluyó que los procedimientos disciplinarios se ejecutaron con rigor legal y apego a la normativa , asegurando el respeto a los derechos de los afectados y la correcta aplicación de la ley.