El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 7 de octubre, con 80 votos afirmativos, 62 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública . La iniciativa, promovida por la mayoría oficialista y sus aliados, integra 122 artículos derivados de la Ley Orgánica de Integridad Pública, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 26 de septiembre de 2025. El debate ocurrió en Quito, en la sesión 047, con el fin de elevar la eficiencia y control en las adquisiciones estatales, pese a reparos sobre el trámite legislativo.
La votación consolida 16 proyectos legislativos discutidos desde enero de 2024 en la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control. El informe para segundo debate alinea la norma con mandatos constitucionales de responsabilidad en compras públicas y sostenibilidad ambiental. No obstante, la adopción de provisiones de la Ley de Integridad, invalidada por violar la unidad de materia y principios de deliberación, dividió opiniones en la sala.
Antecedentes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, promulgada en 2008 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 395 del 4 de agosto de ese año, surgió como respuesta a la necesidad de regular las adquisiciones estatales de manera unificada y transparente. Sus orígenes se remontan a normativas precursoras, como la primera ley de contratación de 1863 , la Ley de Hacienda de 1927 que instituyó la Dirección de Suministros, la Ley de Licitaciones de 1964 con disposiciones generales para procedimientos, y la Ley de Contratación Pública de 1990, que extendió obligaciones a entidades estatales para obras, bienes y servicios.
Reformada en 2013 y 2017 para incorporar incentivos a proveedores nacionales y mecanismos digitales en el Portal de Compras Públicas, la ley establece el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) como ente supervisor, manejando procesos anuales por más de 10.000 millones de dólares. El reglamento general, actualizado en 2022, detalla plazos y causales de suspensión en el Registro Único de Proveedores, promoviendo equidad en la participación de economías populares y solidarias.
Defensa oficialista y arranque de la sesión
Iniciado el debate, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico , Nathaly Farinango (oficialista), enfatizó que el proyecto no es novedoso, al haber sido analizado desde enero de 2024. "Las reformas brindan seguridad jurídica y reconfiguran el sistema hacia la eficiencia de la contratación", afirmó. Respecto a los 122 artículos de la Ley de Integridad, aclaró que 55 ya formaban parte de la normativa vigente, solo renumerados, y los restantes "son artículos que mejoran la ley, mayoría debatidos desde el primer debate". Farinango destacó un consenso previo con expertos, incluso en disposiciones de la ley anulada que se tramitaron en comisión.
La sesión comenzó con dos propuestas de modificación al orden del día de asambleístas correístas: Blasco Luna solicitó repudiar una agresión al pueblo cañari, y Gustavo Mateus pidió un exhorto por el respeto a la soberanía ecuatoriana ante injerencias foráneas. Ambas fueron desestimadas por insuficiencia de votos, manteniendo el foco en la reforma.
Críticas opositoras y llamados a revisión
A pesar de las defensas, Revolución Ciudadana (RC) y Partido Social Cristiano (PSC) demandaron retornar el informe a comisión para acoger observaciones y prevenir vicios. José Vallejo (RC) señaló: "En la forma y en el fondo no permite tener garantías de transparencia ni competencia", al resaltar inclusiones no debatidas inicialmente. RC presentó 50 observaciones, con solo cinco parcialmente incorporadas.
Mónica Alemán (RC) añadió: "No existen reglas claras para cerrar la puerta a la corrupción. Hay discrecionalidad y ambigüedad. Regímenes especiales amplios y definiciones que quedan para el reglamento". Otto Vera (PSC) valoró reformas positivas, pero advirtió sobre alteraciones de última hora: "Para no caer en ilegalidades, que se devuelva el proyecto a la comisión para tomar las observaciones".
