La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, presidida por la asambleísta Valentina Centeno de Acción Democrática Nacional (ADN), sesionará el 3 de febrero para avocar conocimiento de dos proyectos de ley urgentes en materia económica enviados por el Ejecutivo.

Estas iniciativas, admitidas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 1 de febrero, buscan fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía. Así como reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para promover la sostenibilidad y eficiencia del gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

El tratamiento responde a la necesidad de generar ingresos fiscales, atraer inversiones y racionalizar el gasto público, en un contexto de estabilidad macroeconómica y reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa. Al ser calificados como urgentes, la Asamblea Nacional dispone de 30 días para aprobar, modificar o negar las propuestas, con el objetivo de modernizar marcos legales y priorizar inversiones en infraestructura y servicios básicos. 

Proyecto de fortalecimiento minero y energético

El Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía propone una regulación eficiente para generar ingresos fiscales y divisas, contribuyendo a la sostenibilidad fiscal del Estado. Entre sus disposiciones, sustituye el artículo 26 de la Ley de Minería para requerir actos administrativos motivados y favorables de instituciones rectoras en ambiente, minería y agua antes de ejecutar actividades mineras.

En el sector energético, el artículo 25.1 permite delegar servicios públicos al sector privado mediante concesiones de hasta 30 años, lo que busca atraer inversión nacional y extranjera con mayor seguridad jurídica y eficiencia regulatoria.

De acuerdo con diario El Universo, asambleístas como Ana Herrera de la Revolución Ciudadana (RC) expresaron preocupación por la posible eliminación de la licencia ambiental obligatoria. Reemplazada por una autorización del Ministerio de Ambiente, lo que podría facilitar proyectos polémicos como Olón o Quimsacocha y generar conflictos sociales.

Críticas y observaciones opositoras

Herrera alertó que la iniciativa podría permitir impunidad en casos como Progen y ATM, al debilitar candados constitucionales, y pone en riesgo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Mariana Yumbay de Pachakutik coincidió en que el proyecto no garantiza esta consulta y podría vaciarla de contenido, facilitando la ocupación de territorios sin decisión comunitaria real.

Yumbay también criticó la propuesta de militarización de territorios para imponer actividades mineras. Además, la calificó como grave, y señaló que la delegación en energía representa una privatización encubierta, contraria a la Constitución y al mandato popular del 16 de noviembre de 2025. Anticipó extender estas observaciones a la comisión para mejorar la normativa.

Reforma al Cootad para GAD

El segundo proyecto reformatorio al Cootad incorpora reglas fiscales para preservar la disponibilidad presupuestaria en inversión, mantenimiento y servicios públicos. Sugiere que los GAD destinen al menos el 70 % de su presupuesto a estas áreas, limitando el gasto corriente al 30 %, alineado con disposiciones existentes en el código.

Herrera indicó que, aunque coincide con esta distribución, rechaza sanciones que disminuyan presupuestos a instituciones incumplidoras, ya que castigan a los ciudadanos en lugar de a funcionarios responsables. Sugirió que detrás de la propuesta hay una intención de licuar deudas del Gobierno central con los locales, reduciendo su autonomía y convirtiéndolos en apéndices del Ejecutivo.

Posiciones oficialistas y contexto

Por su parte, Nathaly Farinango de ADN destacó la importancia de ambas iniciativas para mejorar finanzas públicas mediante delegaciones y concesiones en minería y energía. Anticipó solicitar participación en el tratamiento para aportar propuestas, como inversiones en seguridad ciudadana por parte de GAD, y enfatizó la necesidad de comparecencias de expertos para enriquecer el debate democrático.

Farinango subrayó que los gobiernos locales deben priorizar obra y servicios sobre gasto corriente, alineado con la reforma al Cootad. Yumbay recalcó que el Gobierno debería saldar deudas con los GAD antes de reforzar normativas y asegurar transferencias directas de recursos.