Ecuador da un paso clave para cerrar una de las controversias energéticas más largas y complejas de su historia reciente: la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS).
El directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) aprobó formalmente dar de baja el arbitraje internacional que mantenía con la constructora china Sinohydro, "en lo que se considera una apertura hacia una nueva etapa operativa para la central", confirmó CELEC a El Diario este lunes 19 de enero.
El arbitraje —iniciado en 2021 ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI)— buscaba una compensación por daños y perjuicios causados por graves fallas detectadas en la construcción de la planta, incluidos miles de grietas en componentes clave y otros defectos estructurales que han limitado su rendimiento energético y generado pérdidas.
El giro más reciente de la historia tuvo matices de geopolítica estratégica. Se produjo horas después de la visita oficial a finales de junio de 2025 del presidente Daniel Noboa a China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping.
CCS es la infraestructura energética más grande de Ecuador, fundamental para la matriz eléctrica ecuatoriana y clave en la transición energética por su producción hidroeléctrica más limpia comparada con fuentes fósiles.
Un conflicto con historia
CCS, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios (MW), fue diseñada para suministrar hasta un tercio de la demanda eléctrica del país y reemplazar gradualmente la generación térmica contaminante.
Su construcción, iniciada a mediados de la década de 2000 bajo contratos con financiamiento de bancos estatales chinos y ejecutada por Sinohydro —empresa estatal de la República Popular China—, fue uno de los mayores proyectos públicos de la historia ecuatoriana: $3.200 millones invertidos
Coca Codo Sinclair está entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Este megaproyecto puede cubrir alrededor del 30% de la demanda de electricidad, si funcionara a pleno rendimiento.
CELEC
Sin embargo, desde sus primeros años de operación —inaugurada parcialmente en 2016— la planta enfrentó problemas técnicos persistentes. Informes oficiales y auditorías independientes señalaron la existencia de más de 17.000 grietas en distribuidores y partes mecánicas, fallas en válvulas y componentes mal instalados, que impidieron que CCS alcanzara su potencial planificado.
Estos problemas obligaron a Ecuador a iniciar el arbitraje internacional contra Sinohydro, reclamando más de $580 millones por los daños. Las negociaciones culminaron, a mediados de 2025, en un acuerdo con la empresa matriz, Power China, por el cual esta aportará $400 millones de compensación y asumirá la operación y mantenimiento de la central.
Según el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), el Gobierno ultima un Acuerdo Global de Transacción que permitirá cerrar formalmente las controversias internacionales, proteger los intereses del Estado y garantizar la continuidad del suministro energético desde la central.
La erosión regresiva del río Coca, condiciones geológicas complejas y eventos climáticos han afectado la operación de CCS. El proyecto, ubicado en una zona sísmica y de alta variabilidad hidrológica, ha tenido que adaptarse constantemente a estas condiciones.
CELEC
Power China podrá asumir operación
El MAE analiza una alianza estratégica con Power China para operación y mantenimiento, con asunción de riesgos por parte del operador y garantía de continuidad energética. Este modelo implica transferir al operador parte de los riesgos técnicos, en un intento por asegurar que CCS funcione de manera confiable y eficiente en el largo plazo.
Ceder la operación a Power China representa una alternativa pragmática para superar bloqueos legales y técnicos, siempre y cuando se mantenga un fuerte control estatal y se obligue al operador a cumplir estándares de rendimiento, dice el analista Gabriel Cedeño a El Diario. Esa perspectiva destaca la importancia de resolver los problemas operativos sin renunciar a la soberanía energética del país.
El siguiente paso será que la Procuraduría General del Estado y CELEC definan los términos del laudo conciliatorio, previo a su presentación ante el tribunal internacional como cierre definitivo del proceso. Con ello se habilitará la firma de un contrato formal para que Power China asuma la gestión de la planta, en un esquema que las autoridades definen como temporal y técnico, no una privatización.
