Este lunes 29 de septiembre de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva a Esther Cuesta y caución de 11.280 a Augusto Verduga , en Quito, dentro del Caso Ligados , que investiga una presunta asociación ilícita en la designación de autoridades del CPCCS .
Medidas judiciales contra los implicados
Durante la audiencia, presidida por la jueza Daniela Camacho , se resolvió que Augusto Verduga deberá cancelar la caución de 11.280 en un plazo máximo de cinco días. En caso de incumplimiento, la medida quedará sin efecto y se podría dictar prisión preventiva nuevamente.
Por su parte, Esther Cuesta , exasambleísta correísta, recibirá prisión preventiva por incumplir las presentaciones periódicas impuestas desde junio de 2025. La magistrada también dispuso que se oficie a Interpol para emitir notificación roja y localizar a la exfuncionaria, quien reside en Génova, Italia .
Cuesta alegó problemas de salud para no asistir a la audiencia, incumpliendo medidas cautelares establecidas tras su vinculación al proceso el 4 de junio.
Antecedentes del Caso Ligados
El Caso Ligados involucra a exvocales del CPCCS, como Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor , y a la consejera Nicole Bonifaz , acusados de asociación ilícita. Entre los hechos se destaca la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, violando un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
También están vinculados Andrés Arauz , secretario general de la Revolución Ciudadana, y Raúl González Carrión . La Fiscalía realizó un allanamiento en enero de 2025 y decomisó los celulares de Verduga, obteniendo conversaciones que evidenciarían estrategias de la denominada Liga Azul , ligada al correísmo, para cooptar organismos de control.
Procedimiento y cumplimiento de medidas
La jueza Camacho enfatizó que el cumplimiento de las medidas cautelares es obligatorio. Para Verduga , el pago de la caución debe efectuarse dentro de cinco días, y para Cuesta , la falta de comparecencia llevará a ejecución inmediata de prisión preventiva.
El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga , participó en la diligencia y supervisó la correcta implementación de las medidas. La Corte Nacional mantiene activo el seguimiento a los involucrados, con el fin de garantizar la transparencia judicial y el debido proceso.
Impacto y contexto político
El caso refleja tensiones en torno a la designación de autoridades en el CPCCS y la influencia de agrupaciones políticas en organismos de control. La investigación evidencia posibles maniobras de cooptación por parte de actores vinculados al correísmo , generando repercusiones en la institucionalidad.
La Fiscalía continuará con la recolección de evidencia y seguimiento de las notificaciones internacionales para asegurar la comparecencia de los procesados fuera del país.
