La Fiscalía General del Estado investiga a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) , Augusto Verduga , Eduardo Franco Loor , Yadira Saltos , y la consejera Nicole Bonifaz , por presunta asociación ilícita en el caso Ligados , iniciado el 24 de enero de 2025 en Quito , tras intentar ratificar a Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos , desoyendo una sentencia de la Corte Constitucional .
El caso Ligados comenzó tras una denuncia de Roberto Romero von Buchwald , designado Superintendente de Bancos el 4 de diciembre de 2024 por el CPCCS . El 22 de enero de 2025 , los exconsejeros Augusto Verduga , Eduardo Franco Loor , Yadira Saltos (integrantes de la Liga Azul ) y Nicole Bonifaz intentaron ratificar a Raúl González Carrión como Superintendente , interpretando una sentencia de la Corte Constitucional (CC) emitida el 5 de diciembre de 2024 . Esta sentencia declaraba improcedente una acción de protección que impedía a González ejercer el cargo en 2022 , pero aclaraba que no afectaba “situaciones jurídicas consolidadas” en nuevos procesos de selección.
El 24 de enero de 2025 , la Fiscalía allanó las oficinas del CPCCS en Quito , incautando dispositivos, incluido el celular de Verduga , tras la denuncia de Romero . La acción se basó en presunta usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de la CC . Ese mismo día, la CC aclaró que su sentencia no alteraba la designación de Romero , activando una fase de seguimiento para verificar su cumplimiento.
La Liga Azul , afín al movimiento Revolución Ciudadana , argumentó que la designación de Romero no estaba consolidada, ya que no había sido posesionado en la Asamblea Nacional . Verduga , en un post en X el 25 de enero de 2025 , defendió que su decisión respetaba la sentencia de la CC y calificó el allanamiento como un “montaje” para proteger intereses bancarios, denunciando una violación al principio de mínima intervención penal .
El 27 de enero de 2025 , los cuatro consejeros revocaron su decisión de ratificar a González , y la presidenta encargada de la Asamblea , Esther Cuesta , posesionó a Romero como Superintendente . Sin embargo, la Fiscalía continuó la investigación, formulando cargos por asociación ilícita el 15 de marzo de 2025 contra Verduga , Franco Loor , Saltos y Bonifaz , según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) , que establece penas de tres a cinco años de prisión.
El 19 de mayo de 2025 , la Fiscalía , bajo el fiscal subrogante Wilson Toainga , solicitó vincular a Andrés Arauz , Esther Cuesta y Raúl González Carrión al caso Ligados por presunta asociación ilícita . La audiencia está programada para el 4 de junio de 2025 en la Corte Nacional de Justicia , extendiendo la instrucción fiscal hasta el 13 de julio de 2025 . La Fiscalía basa su investigación en chats extraídos del celular de Verduga , que evidencian estrategias para influir en designaciones de autoridades.
El abogado Santiago Becdach , quien impulsó la destitución de la Liga Azul ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) , exhortó el 20 de mayo de 2025 a la CC a pronunciarse sobre el cumplimiento de su sentencia. La CC aún no ha emitido un dictamen, lo que, según Becdach , genera dudas sobre su rol.
El TCE destituyó a Verduga , Franco Loor , Saltos y Vielka Párraga el 31 de enero de 2025 por infracciones electorales en 2023 , al recibir apoyo indebido de la Revolución Ciudadana . Verduga , actualmente en México , enfrenta cargos como prófugo. La investigación del caso Ligados revela intentos de controlar instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura , según la Fiscalía .
El CPCCS , encargado de designar autoridades como el Fiscal General y el Defensor del Pueblo , ha sido centro de controversias por su influencia política. La CC y la Fiscalía continúan supervisando las acciones de los implicados, mientras el caso Ligados podría ampliarse con nuevas evidencias.
