El 17 de octubre de 2025, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló una audiencia pública para analizar las solicitudes de medidas alternativas a la prisión preventiva presentadas por doce personas detenidas en Otavalo el 22 de septiembre.
Estos individuos están procesados por presunto delito de terrorismo tras la quema del cuartel de la Policía Nacional en el marco de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
Contexto de las detenciones
El 22 de septiembre, durante el primer día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se registraron disturbios en Otavalo, provincia de Imbabura.
Manifestantes incendiaron el cuartel de la Policía Nacional, lo que resultó en la detención de trece personas, acusadas de terrorismo. De estas, doce permanecen en prisión preventiva, mientras que una mujer recibió medidas cautelares.
Audiencia de apelación
La audiencia de apelación se llevó a cabo este viernes en Quito, con la participación virtual de los detenidos. El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrado por los jueces Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fernando Sánchez, escuchó los argumentos de los abogados defensores y de la Fiscalía.
Los defensores solicitaron medidas alternativas como presentación periódica o el uso de grilletes electrónicos, argumentando falta de elementos de convicción que vinculen a los acusados con los hechos ocurridos.
Argumentos de la defensa
Mario Ruiz, abogado defensor y exasambleísta de Pachakutik, presentó elementos de descargo para tres de los detenidos, señalando que no participaron en la protesta y que regresaban de sus trabajos al momento de los incidentes.
Además, se argumentó que uno de los detenidos, Verni A. A., presenta un 40% de discapacidad mental, lo que, según la defensa, hace inapropiada la medida de prisión preventiva.
Posición de la Fiscalía
El agente fiscal Galiano Balcázar, encargado del caso, expresó que la Fiscalía se pronunciará sobre la conveniencia de aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva una vez que se analicen los argumentos presentados por la defensa. La audiencia fue suspendida temporalmente al mediodía y se reanudó a las 13:00 para continuar con las deliberaciones.
Este caso se enmarca en un contexto de tensiones sociales derivadas del paro nacional iniciado el 15 de septiembre, que ha incluido movilizaciones en diversas ciudades del país. Las protestas, inicialmente convocadas por la eliminación del subsidio al diésel, han evolucionado para incluir demandas relacionadas con políticas gubernamentales en áreas como minería y derechos indígenas
