La Cámara de Minería solicitó la suspensión temporal de la Tasa de Supervisión y Control que el Gobierno de Ecuador implementó para todas las concesiones mineras del país . La petición se realizó la mañana del 14 de junio de 2025, en un comunicado oficial.
La entidad explicó que esta suspensión permitiría mostrar una señal positiva de voluntad política y ofrecer un marco de mayor certeza jurídica y económica para el sector minero durante el proceso de diálogo.
Asimismo, reafirmó su disposición a colaborar de manera propositiva y técnica con el Gobierno nacional. Su objetivo es buscar mecanismos de fiscalización que resulten eficientes, proporcionales y sostenibles para la actividad minera .
Además, la Cámara sostuvo reuniones con el Viceministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control. En ellas expusieron que la tasa resulta inviable para un desarrollo responsable y sostenible, especialmente en la etapa de exploración minera.
Diálogo para analizar la Tasa de Supervisión y Control
Como resultado de las reuniones, se acordó conformar mesas técnicas que iniciarán la próxima semana. Estas mesas tendrán una duración estimada de un mes y contarán con la participación de diferentes estamentos del Gobierno y gremios mineros. El espacio servirá para exponer preocupaciones, compartir propuestas y avanzar hacia un análisis conjunto de la medida.
La Tasa de Supervisión y Control entró en vigor a inicios de junio y se aplica a concesionarios mineros de todos los segmentos. Esta tasa busca fortalecer la fiscalización técnica, legal y ambiental de las actividades mineras y combatir la extracción ilegal de minerales.
Impacto y objetivos de la tasa
El Gobierno espera recaudar entre $200 y $220 millones con esta tasa , que se calcula con base en un porcentaje del salario básico por cada hectárea de concesión. Es así que los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a mejorar los procesos de control y vigilancia de las concesiones mineras.
Por otro lado, la medida cuenta con respaldo legal, amparada en la Constitución, la Ley de Minería y otros decretos y acuerdos ministeriales. La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) será la encargada de administrar estos recursos para fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1.6 millones de hectáreas concesionadas.
