Banco Pichincha enfrenta una demanda constitucional presentada por el colectivo ambiental YASunidos tras el bloqueo completo de una cuenta vinculada a su coordinador jurídico. Además, la organización solicitó medidas cautelares urgentes para detener una retención que considera arbitraria y contraria a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución ecuatoriana.
El recurso legal busca revertir el débito total aplicado sin aviso previo ni trámite administrativo válido, así como impedir nuevos descuentos automáticos ante futuros depósitos. Por ello, YASunidos sostiene que la actuación bancaria genera un impacto directo sobre la defensa de la naturaleza y limita la actividad de la sociedad civil organizada.
Demanda contra Banco Pichincha por retención de fondos
La acción judicial detalla que la cuenta de Pedro Bermeo registró la salida íntegra de recursos el 30 de septiembre de 2025 sin notificación anticipada. Asimismo, el escrito indica que no existió orden emitida por autoridad competente ni procedimiento administrativo que justifique la drástica medida financiera aplicada.
Tras solicitar explicaciones formales, Banco Pichincha mantuvo el bloqueo vigente y advirtió que cualquier nuevo depósito podría sufrir un descuento inmediato posterior. En consecuencia, la organización calificó el procedimiento como injustificado, desproporcionado y cercano a una práctica de "discriminación" contra defensores de la naturaleza.
Contexto de presión financiera a activistas
YASunidos afirma que el caso supera un conflicto individual y refleja restricciones económicas aplicadas a activistas durante protestas nacionales recientes en Ecuador. Según el colectivo, varias personas denunciaron limitaciones similares durante el Paro Nacional de 2025 tras la eliminación del subsidio estatal al diésel.
Dentro de ese contexto, la demanda advierte un posible uso de controles para "perseguir a la sociedad civil organizada" mediante bloqueos y débitos selectivos. Además, el recurso constitucional cita la vulneración del derecho a la igualdad y la prohibición de retener fondos de manera arbitraria.
Análisis constitucional y posibles efectos
La demanda invoca el artículo 308 de la Constitución, norma que protege depósitos y prohíbe retenciones sin base legal clara y verificable. Por tanto, un juez constitucional deberá evaluar la legalidad del bloqueo y definir si existió afectación a garantías básicas de organización y participación.
Mientras avanza el proceso, YASunidos exige la restitución inmediata del dinero retenido y la suspensión de cualquier débito automático futuro sobre la cuenta. De este modo, el caso podría establecer límites precisos al control financiero privado frente a la protección constitucional de organizaciones sociales.
Impacto para la sociedad civil
El colectivo advierte que mantener este tipo de bloqueos genera un precedente riesgoso para movimientos ciudadanos que gestionan fondos transparentes y auditables. Además, una decisión judicial favorable podría fortalecer la seguridad jurídica de activistas y organizaciones frente a medidas financieras restrictivas.
Finalmente, la resolución marcará una pauta sobre el equilibrio entre control bancario, derechos constitucionales y libertad de acción de la sociedad civil ecuatoriana. Por ello, el proceso contra Banco Pichincha concentra atención pública y podría redefinir estándares sobre retención de fondos en el sistema financiero. (07)
