La decisión de subir los aranceles a Colombia se convirtió en el nuevo foco de tensión política dentro de la Asamblea Nacional. Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa, legisladores de oficialismo y oposición activaron pedidos de comparecencias, solicitudes de información y advertencias sobre sus efectos inmediatos.
El Ejecutivo justificó la medida, anunciada el 21 de enero de 2026, por la "falta de reciprocidad y acciones firmes" de Colombia frente al narcotráfico y el crimen organizado. No obstante, en el Legislativo crece la presión para conocer los criterios técnicos, el alcance real del alza arancelaria y su impacto en la economía.
Oficialismo respalda la decisión, pero exige información
Desde Acción Democrática Nacional (ADN) existe respaldo político a la decisión presidencial. Sin embargo, los asambleístas del bloque coincidieron en que el Gobierno debe entregar cifras claras sobre los efectos del incremento arancelario.
El legislador Adrián Castro sostuvo que la medida responde a una amenaza directa en la frontera norte, marcada por 185 pasos ilegales y 260.000 hectáreas de sembríos de coca. Afirmó que Ecuador no puede asumir solo la lucha contra el narcotráfico sin una corresponsabilidad regional.
Castro recalcó que el país necesita unidad y soberanía, sin debilitar la seguridad fronteriza. Señaló que las decisiones firmes resultan necesarias cuando existen riesgos para la estabilidad nacional.
Aunque el oficialismo respalda la decisión, reconoció que el alza de aranceles a Colombia puede provocar efectos económicos colaterales. Por ello, solicitó información detallada a los ministerios involucrados.
La asambleísta Valentina Centeno indicó que la medida tiene carácter temporal y responde a un escenario excepcional. Sostuvo que no existe mayor riesgo que poner en peligro la vida de los ecuatorianos en zonas fronterizas.
Centeno insistió en que el país enfrenta una guerra contra la delincuencia organizada. Aseguró que el Estado debe usar todas las herramientas disponibles, sin perder de vista el impacto económico.
Oposición cuestiona la decisión y alerta riesgos
Desde Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz calificó la decisión como no técnica ni estratégica. Advirtió que el incremento de aranceles puede golpear seriamente al Ecuador, al tratarse de uno de sus principales socios.
Recordó que Colombia apoyó al país cuando "fuimos golpeados por el estiaje, fue uno de los principales proveedores de energía eléctrica". Alertó que una nueva temporada seca podría agravar la situación si se mantiene la tensión bilateral.
Veloz señaló que el impacto será económico y social, con riesgo de contrabando, alza de precios y posibles racionamientos eléctricos. También advirtió sobre eventuales observaciones desde la Comunidad Andina (CAN).
Asamblea impulsa fiscalización y comparecencias
La bancada RC anunció procesos de fiscalización y pedidos formales de información. Considera que el Gobierno debe demostrar que la medida realmente contribuye a combatir la inseguridad.
Veloz afirmó que la canciller Gabriela Sommerfeld debe comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Sostuvo que la Cancillería debió impulsar una solución diplomática inmediata.
Frontera norte y sectores productivos en alerta
La asambleísta Mariana Yumbay (Pachakutik) expresó preocupación por el impacto sobre productores y trabajadores. Señaló que elevar aranceles termina afectando a ecuatorianos con relaciones comerciales históricas con Colombia.
El legislador Christian Benavides, de Carchi, alertó sobre el impacto directo en zonas fronterizas. Indicó que los aranceles encarecen la producción y rompen la cadena de valor binacional.
PSC rechaza la medida y pide reversión
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano rechazó el uso de medidas económicas para enfrentar problemas de seguridad. Dijo que espera que el anuncio quede sin efecto antes del 1 de febrero.
Serrano calificó la decisión como un "berrinche presidencial" y aseguró que su bancada no la respaldará. Recordó que Colombia apoyó al Ecuador con venta de energía en momentos críticos.