La legisladora Camila León, representante del Azuay, presentó en la Asamblea Nacional, en Quito, un proyecto de reforma al COIP y al COGEP, con el fin de proteger críticas de interés público y mejorar la administración de justicia.
Regula las contravenciones de cuarta clase
La propuesta central modifica el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, que regula las contravenciones de cuarta clase relacionadas con expresiones en descrédito o deshonra. La iniciativa incorpora criterios claros para diferenciar expresiones sancionables de aquellas amparadas por derechos constitucionales, cuando tratan asuntos de interés público o críticas dirigidas a funcionarios en ejercicio de sus funciones.
"Sin prensa libre no hay democracia", afirmó la legisladora durante la presentación del proyecto. León sostuvo que el marco penal vigente presenta vacíos normativos. Según explicó, esos vacíos pueden permitir procesos que deriven en persecución o intimidación contra quienes denuncian hechos de corrupción o cuestionan al poder desde espacios públicos.
La reforma plantea que la o el juzgador verifique si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. El texto propuesto ordena aplicar estándares constitucionales e interamericanos, que reconocen una protección reforzada en casos vinculados con asuntos de interés público.
Estándares constitucionales y control judicial
Para el juzgamiento de estas contravenciones, la iniciativa dispone que las y los operadores de justicia apliquen un test de proporcionalidad. Este análisis deberá considerar los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
León explicó que este enfoque busca garantizar decisiones judiciales equilibradas. "Actualmente el COIP mantiene vacíos que podrían permitir que, por medio de la ley, se persiga o incluso se intimide a quienes denuncian actos de corrupción", señaló. Añadió que la propuesta apunta a proteger el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana en contextos democráticos.
Reforma procesal y cambios en el COGEP
De forma complementaria, la asambleísta presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos. Esta iniciativa aborda cuatro aspectos: la corrección del procedimiento de citaciones por boletas en lugares de trabajo; la creación de la acción de nulidad de autos; la eliminación de trabas en la ejecución de embargos; y la corrección de criterios para la valoración de la prueba.
Según la legisladora, estos cambios buscan optimizar la administración de justicia. "Entregamos herramientas para que la justicia sea ágil para la ciudadanía y para que la defensa de los ecuatorianos sea transparente", subrayó. Las propuestas ingresaron para el trámite legislativo correspondiente, conforme a los procedimientos de la Asamblea Nacional.
