La asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, presentó el 2 de febrero una notitia criminis ante la Fiscalía General del Estado contra Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública del gobierno de Daniel Noboa. La denuncia busca investigar presuntos delitos de tráfico de influencias, testaferrismo y lavado de activos, relacionados con un intento de compra de 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, valorado en más de 2 millones de dólares.

El predio en cuestión se intentó adquirir a nombre de Jenny Ramírez, cuya madre, Sherly Palma, se desempeñaría como empleada doméstica de Gellibert, según declaraciones de Palacios. La legisladora argumenta que estos lazos no han sido desmentidos por la funcionaria y podrían indicar irregularidades en la operación inmobiliaria, anulada tras cuestionamientos sobre la procedencia del dinero y el precio por hectárea.

Vínculos familiares y laborales

Mónica Palacios detalló que, durante una investigación de campo en La Libertad, confirmó la relación laboral entre Palma y Gellibert, información que, a su juicio, ya era de conocimiento público semanas atrás. La asambleísta criticó que la Fiscalía no haya iniciado diligencias como allanamientos para esclarecer los hechos, pese a publicaciones periodísticas que señalan al menos 12 familiares de Gellibert trabajando en dependencias del Ejecutivo.

Además, cuestionó el rol del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, acusándolo de perseguir selectivamente a opositores al gobierno de Noboa mientras ignora casos como este. Mónica Palacios entregó documentación recopilada de fuentes públicas para respaldar su denuncia, exigiendo una investigación formal que incluya el análisis de los recursos utilizados en la tentativa de compra.

Críticas a la inacción fiscal

La operación inmobiliaria, valorada en alrededor de 2,6 millones de dólares según versiones, no ha sido justificada por Ramírez. Ella vive en una vivienda humilde en la comuna Ancón, de acuerdo con verificaciones realizadas por Palacios. La legisladora enfatizó que la falta de explicación sobre el origen de los fondos apunta a posibles actos de testaferrismo, donde Gellibert podría haber influido indirectamente.

En declaraciones a la salida de la Fiscalía, Palacios insistió en que el Ministerio Público debe actuar con diligencia para evitar percepciones de trato diferenciado. Comparó este caso con otros procesos que han recibido respuestas rápidas, sugiriendo que la inacción evidencia sesgos políticos en la justicia ecuatoriana.

Advertencias políticas y contexto

Ante la posibilidad de archivo o falta de impulso, Palacios advirtió que la Asamblea Nacional podría impulsar mecanismos de fiscalización, incluyendo juicios políticos, para garantizar el cumplimiento constitucional de la Fiscalía. Reiteró que la denuncia no es un hecho aislado, sino parte de un entramado de vínculos familiares dentro del Ejecutivo que merecen escrutinio.