La Asamblea Nacional activó el proceso de control político a ocho instituciones del Estado al remitir sus informes de labores a cinco comisiones especializadas permanentes para su análisis.

Las mesas legislativas contarán con un plazo de 30 días para revisar la información presentada y elaborar un informe que será puesto a consideración del pleno en un solo debate.

La decisión se adoptó durante la sesión n.º 063 del pleno, realizada este martes 20 de enero de 2026, con 87 votos a favor, 59 en contra y una abstención. El procedimiento se sustenta en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el análisis de los informes de gestión presentados por autoridades de distintas funciones del Estado.

Asignación de informes a mesas especializadas

La resolución fue impulsada mediante una moción presentada por el asambleísta Adrián Castro, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). El documento establece la distribución de los informes de acuerdo con las competencias de cada comisión legislativa permanente.

En ese marco, el informe de labores de la Función de Transparencia y Control Social será examinado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, presidida por la legisladora Lucía Pozo.

Mientras tanto, los informes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presentado por su presidenta Ivonne Coloma, y del Consejo Nacional Electoral (CNE), sustentado por Diana Atamaint, fueron remitidos a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, liderada por Diana Jácome.

Revisión económica, judicial y de control

El informe de gestión de la Contraloría General del Estado, expuesto por el contralor Mauricio Torres, será analizado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario, cuya presidencia ejerce Nathaly Farinango. Esta mesa deberá revisar los aspectos relacionados con el control del uso de los recursos públicos.

Por otro lado, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por Lucía Jaramillo, tendrá a su cargo la verificación de los informes presentados por la Procuraduría General del Estado, encabezada por Juan Carlos Larrea, y por la Defensoría Pública, dirigida por Ricardo Morales. En tanto, el informe de la Fiscalía General del Estado, presentado por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, fue asignado a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por Inés Alarcón.

Contexto de la sesión

El informe de labores del Consejo de la Judicatura (CJ), presentado ante el pleno por su presidente Mario Godoy, será revisado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, liderada por Rosa Torres. Con esta asignación, las cinco comisiones responsables del análisis están presididas por asambleístas de la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional.