El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 79 votos afirmativos una resolución para fiscalizar las actuaciones del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en la adquisición de 60 trolebuses eléctricos por aproximadamente 35 millones de dólares. Esta fue realizada sin subasta pública mediante un memorándum de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

Esta medida, propuesta por el asambleísta Xavier Ordóñez de Acción Democrática Nacional (ADN), busca revisar los procesos de contratación pública y gestión administrativa municipal. Esto, con el objetivo de garantizar el cumplimiento legal y la transparencia en el uso de recursos estatales, ante indicios de irregularidades detectados por la Contraloría General del Estado.

La resolución ordena a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana iniciar un proceso integral de control político sobre el alcalde. También con las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas.

Inicio de proceso de control legislativo

El texto dispone la remisión oficial de la resolución a la Secretaría General de la Asamblea, al Concejo Metropolitano de Quito, al alcalde Pabel Muñoz y a la Contraloría General del Estado para que adopte acciones pertinentes. Se fundamenta en las facultades de fiscalización y control político de la Función Legislativa, según la Constitución, sin interferir en competencias de otras funciones del Estado.

Durante el debate, Ordóñez destacó que la Contraloría ha identificado glosas millonarias e indicios de responsabilidad penal en la adquisición, lo que representa un mecanismo que evade el marco legal al presentarse como un convenio de cooperación internacional con Unops en lugar de una contratación pública estándar.

Observaciones sobre el mecanismo de adquisición

El asambleísta enfatizó que el proceso no solo implica un contrato irregular, sino un precedente negativo al rodear la ley, utilizando recursos públicos sin los controles habituales. La adquisición de los trolebuses eléctricos, destinados al sistema de transporte metropolitano, se realizó por un monto estimado de 35 millones de dólares durante la actual administración municipal.

La resolución aclara que el control se centra en la revisión de decisiones administrativas y contractuales, promoviendo la transparencia en la gestión de fondos provenientes de impuestos y contribuciones ciudadanas.

Apoyo de bancada oficialista y aliados

Los 79 votos provinieron de la bancada de ADN y sus aliados, quienes respaldaron la iniciativa como una herramienta para combatir irregularidades en contrataciones públicas. Asambleístas como Luigi García y Adrián Castro coincidieron en la necesidad de evaluar la responsabilidad del alcalde en asegurar procesos apegados a la ley.

El Pleno precisó que esta fiscalización no implica sanciones personales inmediatas, sino una evaluación integral de la gestión municipal en relación con la compra de los trolebuses eléctricos y el uso de mecanismos como el memorándum con Unops.