Para el analista económico Francisco Zalles, el arancel del 30% a responde más a una "rencilla política" que a una estrategia técnica, y advierte que las consecuencias podrían ser severas para el ciudadano común.
Según Zalles, todo arancel funciona como un impuesto directo al bolsillo de los ciudadanos. Al restringir el libre intercambio de bienes, la oferta disminuye y, por ley de mercado, los precios tienden a subir.
"Cuando interferimos para dar protección a un sector, estamos desprotegiendo a los 18 millones de consumidores ecuatorianos", explica el analista. Zalles pone como ejemplo productos sensibles como el arroz y el maíz: si bien las restricciones a la importación benefician a grupos específicos de productores locales, encarecen la canasta básica del resto de la población y fomentan la ineficiencia productiva al eliminar la competencia.
Crisis energética: El riesgo de depender de Colombia
Una de las implicaciones del arancel del 30% más críticas de esta disputa es la "contrarréplica" de Colombia. Actualmente, Ecuador compra entre el 6% y el 9% de su consumo eléctrico total al país vecino. La suspensión de estas ventas de energía, en medio de un periodo de estiaje, pone al país en riesgo de nuevos racionamientos.
Zalles destaca que esta vulnerabilidad nace de una desinversión histórica y de las limitaciones de la Constitución de Montecristi, que restringe la inversión privada en el sector eléctrico.
En Colombia y Perú, la generación privada alcanza el 70%. En Ecuador, el monopolio estatal y un déficit impresionante nos han dejado sin capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda".
Francisco Zalles
El analista aclara que esta crisis no fue iniciada por Ecuador, sino detonada por declaraciones "inaceptables" del presidente colombiano Gustavo Petro, calificadas como una intromisión a la soberanía nacional.
Aunque económicamente el arancel del 30% resulta perjudicial , Zalles reconoce que el Gobierno ha buscado defender el honor nacional y presionar a Colombia para que asuma su responsabilidad en la seguridad fronteriza. El narcoterrorismo y el flujo de violencia que ingresa desde la frontera norte requieren una inversión conjunta que, según el analista, Colombia ha descuidado.
¿Es posible una solución diplomática?
Pese a la escalada de tensión por el arancel del 30%, el economista confía en que la disputa se resolverá mediante el diálogo. El anuncio de una reunión bilateral en el puente de Rumichaca abre una puerta a la normalización de las relaciones.
"Estamos desalineados ideológicamente, pero como dijo el presidente Noboa, hay que traspasar las ideologías para combatir la pobreza extrema y el narcoterrorismo", concluye Zalles.
