La audiencia de juicio del caso Triple A fue convocada para este sábado 31 de enero de 2026, a las 08:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito, dentro de un proceso que investiga presunto desvío y comercialización ilegal de combustible subsidiado y que involucra a 22 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Presunto esquema de irregularidades
El tribunal penal fijó la diligencia con continuación programada para el domingo 1 de febrero, según la convocatoria oficial. El proceso penal se mantiene abierto por un presunto esquema de irregularidades en la distribución de combustible subsidiado, con alcance nacional.
Desde el inicio del caso Triple A, el juicio no ha podido instalarse en al menos 13 ocasiones, de acuerdo con registros judiciales. Las suspensiones se produjeron por cambios reiterados de abogados defensores, certificados médicos, pedidos de nulidad y solicitudes de copias certificadas del expediente.
Además, varios incidentes procesales se presentaron pocos días e incluso horas antes de las audiencias convocadas. Esta dinámica impidió avanzar a la etapa de juzgamiento, pese a la reiteración de llamados del tribunal.
Múltiples diferimientos y recursos pendientes
Uno de los últimos recursos fue planteado por la empresa Fuelcorp, que solicitó la nulidad del tribunal por supuestas irregularidades en la designación de uno de los jueces. Ese pedido debe resolverse antes de que se instale la diligencia prevista.
Asimismo, dos procesados cambiaron recientemente de defensa técnica y solicitaron tiempo adicional para revisar el expediente. Estos pedidos se sumaron a una larga lista de actuaciones presentadas durante el desarrollo del proceso penal.
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) sostuvo que estas acciones responden a una estrategia dilatoria que ha frenado el avance del caso Triple A. "Las continuas solicitudes han impedido que el juicio se instale en reiteradas ocasiones", señaló la entidad en su acusación.
Medidas para evitar nuevas suspensiones
Frente a este escenario, las autoridades judiciales dispusieron la presencia de defensores públicos de respaldo, quienes ya fueron notificados y cuentan con conocimiento del expediente. Con ello, el sistema judicial busca evitar que nuevos cambios de abogados frenen nuevamente la audiencia.
Esta medida pretende garantizar que el juicio del caso Triple A se desarrolle conforme al calendario fijado. También busca asegurar la continuidad del proceso, pese a eventuales incidentes de última hora.
Combustible sin destino registrado
La ARCH ratificó que sustentará su acusación con 185 elementos probatorios, entre pruebas testimoniales, periciales y documentales. Uno de los ejes de la investigación se concentra en Manabí, donde los procesados deberán justificar el destino de cerca de 10 millones de galones de combustible naviero.
Según registros oficiales, en esa provincia existe un solo tanque con capacidad para 250.000 galones, lo que deja más de 9,7 millones de galones sin ubicación física registrada en los sistemas de control.
En Zamora Chinchipe, provincia identificada por las autoridades como zona de minería ilegal, la investigación detectó ventas de hasta 500.000 galones en una sola estación de servicio a vehículos sin placas, según el expediente fiscal. Para la ARCH, estas operaciones constituyen una infracción grave a la normativa hidrocarburífera vigente y refuerzan la hipótesis de un desvío sistemático de combustible subsidiado dentro del caso Triple A.
