La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, respecto a la actuación del juez Roberto Carlos Cueva Astudillo en una causa penal tramitada en Quito. El gremio emitió un comunicado el 28 de enero de 2026, argumentando que las afirmaciones carecen de sustento jurídico y ponen en riesgo la independencia judicial. Este pronunciamiento surge en respuesta a críticas que, según la asociación, desconocen principios constitucionales como la legalidad, el debido proceso y la autonomía de la Función Judicial, además de exponer a los operadores de justicia a posibles riesgos de seguridad.

La causa en cuestión se conoció el 22 de enero de 2026, involucrando la aprehensión de un ciudadano identificado como T. T. L. X. por presunta infracción de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Durante la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía General del Estado solicitó expresamente no calificar la flagrancia ni formular cargos, al determinar que no se cumplían los requisitos del artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Detalles de la causa y actuación judicial

En el comunicado, la Aemaj detalló que la Fiscalía estableció que los 12,52 gramos de marihuana incautados correspondían a consumo personal, sin elementos que evidenciaran comercialización. Por ello, dispuso que la causa continúe en fase de investigación previa, conforme al artículo 580 del COIP.

La asociación sostuvo que el juez Cueva Astudillo actuó dentro del marco constitucional y legal, sin facultad para proceder de oficio o iniciar un procesamiento penal inexistente. Ante la ausencia de cargos formales, ordenó la libertad del ciudadano. Además, aclaró que un presunto robo ocurrido el 15 de octubre de 2025, mencionado en declaraciones públicas, no estaba bajo conocimiento del juez ni podía tratarse en la audiencia de flagrancia, ya que corresponde exclusivamente a la etapa de investigación previa a cargo de la Fiscalía.

En su pronunciamiento, el gremio advirtió que la lucha contra el crimen organizado no puede servir como pretexto para desinformar, estigmatizar a jueces ni debilitar la Función Judicial. La Aemaj enfatizó que tales acciones contravienen el Estado constitucional de derechos y justicia.La asociación concluyó con un llamado a garantizar una justicia independiente, técnica y firme, sometida únicamente a la Constitución y la ley.