La abogada Elsa Guerra, en entrevista conManavisión Plus, se refirió a la consulta popular que se realizará en pocas semanas y manifestó que el país "enfrenta una de las crisis más profundas" de los últimos años, marcada por desempleo, precariedad institucional y debilitamiento del sistemapúblico.

Según su análisis, solo una minoría de la población mantiene un empleo formal, mientras la mayoría sobrevive en condiciones deinformalidad o desempleo. Este panorama, afirmó, refleja un Estado desmanteladoque no logra garantizar servicios básicos como salud ni una respuesta efectiva ante la inseguridad creciente.

Guerra enfatizó que la situación actual evidencia unafractura entre el discurso oficial y las necesidades de la población. El deterioro hospitalario, la falta de medicinas y la carencia de recursos en instituciones públicas son, a su criterio, consecuencias de políticas ineficientes. Para la jurista, el incremento de la violencia y la falta de oportunidades laborales están íntimamente ligados al abandono estataly a la falta de planificación.

En este contexto, sostuvo que la consulta popular y el referendo del 16 de noviembre, impulsados por el presidenteDaniel Noboa, no ofrecen soluciones estructurales, sino mecanismos políticos que distraen la atención del ciudadano frente a los verdaderos problemas nacionales.

Ineficacia de las medidas y riesgo de distracción pública

Guerra explicó que las preguntas planteadas en el proceso no apuntan a resolver los conflictos más urgentes, como el desempleo, la inseguridad o la falta de acceso a servicios esenciales. En su criterio, la estrategia gubernamental busca consolidar legitimidad política en medio de una crisis generalizada, sin abordar los factores que originan la violenciay la pobreza.

Respecto a la inclusión de temas como lainstalación de bases militares extranjeras, consideró que se trata de una propuesta ineficiente. Recordó que experiencias similares en países de la región no han reducido los índices de criminalidad, y destacó que el problema requiere políticas públicasintegrales basadas en la prevención y en la reducción de la desigualdad.

Añadió que la persistencia delcrimen organizado responde a un entramado de causas económicas y sociales que no se resuelven mediante consultas populares. Planteó que la prioridad debería ser reconstruir la institucionalidad y fortalecer la justicia, ámbitos que hoy se encuentran debilitados.

Representación democrática y estructura legislativa

Otro punto analizado por Guerra fue la propuesta de reducir el número de asambleístas en el país. Según su lectura, la medida confunde cantidad con calidad y no soluciona el problema de fondo, que es la falta de eficiencia legislativa y de representatividad. Subrayó que la democracia se construye garantizando que todas las provincias y sectores sociales tengan voz en la Asamblea Nacional, no restringiendo la participación ciudadana.

La jurista manifestó que, en lugar de disminuir el número de legisladores, se debería trabajar en mecanismos para la elección responsable de cada representante. Además, criticó laemisión de leyesque, en su opinión, han debilitado derechos sociales y afectado la seguridad económica de los jubilados y de los futuros aportantes.

Para Guerra, la propuesta de reducir laAsamblea forma parte de un conjunto de decisiones políticas que responden más a una lógica de concentración de poder. Consideró que el debate debería centrarse en cómo fortalecer la calidad de la democracia, no en disminuir su alcance.

Riesgos de una nueva constitución

En relación con la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, la abogada advirtió que podría implicar una regresión en materia de derechos. Señaló que, si bien toda constitución puede requerir ajustes o reformas, abrir un proceso constituyente en las condiciones actuales podría servir para restringir libertades.

Guerra recordó que los avances constitucionales de las últimas décadas -como el reconocimiento de losderechos de la naturaleza, la participación ciudadana y la equidad de género- son conquistas históricas que no deben ponerse en riesgo. A su juicio, una nueva constitución promovida sin consenso social podría debilitar las bases del Estadodemocrático y favorecer un modelo autoritario.

La jurista insistió en que los verdaderoscambios deben orientarse hacia el fortalecimiento institucional. Además, pide que haya transparencia en la gestión pública y que se fortalezca la defensa de los derechos humanos. Modificar la carta magna, aseguró, no solucionará los problemas estructurales que afectan al país si no existe voluntad política para aplicar las leyes vigentes.

Llamado a la conciencia ciudadana

En la parte final de su análisis, Guerra llamó a los ecuatorianos a ejercer un voto conscienteen la consulta popular. También recomendó no dejarse llevar por el miedo o la desinformación. Enfatizó que la población debe evaluar si el proceso responde a sus necesidades o a los intereses del gobierno.

Según su planteamiento, el país requierepolíticas integrales que prioricen la generación de empleo, la inversión social y la recuperación de la paz. Consideró que destinar entre $60 y $90 millones a una consulta que no resuelve los problemas de fondo constituye un gasto que podría orientarse al sistema educativo, mejorar los hospitales o crear oportunidades laborales.

Para Guerra, el desafío delEcuador no está en multiplicar consultas ni en reformar estructuras sin diagnóstico, sino en reconstruir la confianza ciudadana. Su reflexión concluye en una advertencia clara: sin políticas efectivas, ningún proceso electoralpodrá garantizar el cambio que la población demanda.

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