Un total de 184 presos fueron trasladados de unas cárceles a otras, durante un operativo liderado por agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La movilidad estuvo coordinada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Los desplazamientos se cumplieron durante la madrugada de este jueves 15 de enero del 2026 desde diversas cárceles ecuatorianas hacia otros centros de rehabilitación.
La finalidad de estos traslados es aliviar la congestión de los centros carcelarios y combatir la violencia interna. La acción involucró a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y especialistas del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Se lo hizo en respuesta a la persistente crisis en el sistema carcelario marcada por choques entre bandas delictivas.
Traslado de presos fue por vía terrestre
El traslado, que abarcó a reos sentenciados y en proceso, busca optimizar la distribución de internos y fortalecer los mecanismos de control en las prisiones. El SNAI explicó que esta iniciativa forma parte de estrategias para restaurar el orden, en un contexto donde los enfrentamientos han generado inestabilidad en múltiples instalaciones. Específicamente, se movilizaron 81 presos del Centro de Privación de Libertad (CPL) Cañar N.º 1 al CPL Azuay N.º 1. Desde el CPL El Oro N.º 2, 71 presos fueron enviados al Centro de Rehabilitación Social (CRS) Manabí N.º 2.
Adicionalmente, 32 presos llegaron al CPL Chimborazo N.º 3. Se trató de un despliegue de seguridad exhaustivo, el operativo evitó complicaciones y se alineó con esfuerzos gubernamentales para mitigar la violencia carcelaria, que en años recientes ha cobrado vidas en motines como los de Litoral y Turi. El hacinamiento y la presencia de organizaciones criminales han sido factores clave en esta problemática.
Mayor inversión en seguridad y programas de reinserción
El SNAI destacó la importancia de estos movimientos para equilibrar la población penitenciaria y mejorar la vigilancia. En Ecuador, el sistema penitenciario enfrenta críticas por la sobrepoblación, con tasas que superan el 30% en algunos centros, según datos oficiales. Esta operación se enmarca en reformas iniciadas en 2023, que incluyen mayor inversión en seguridad y programas de reinserción.
Sin embargo, los expertos señalan que se requieren cambios profundos para erradicar la influencia delictiva. Los traslados continuarán como parte de un plan nacional, con énfasis en provincias como Azuay, Manabí y Chimborazo, donde se concentran varios de los centros afectados. El SNAI compromete seguimiento para asegurar el cumplimiento de estándares de derechos humanos durante estos procesos. (17)
