César Ricaurte recordó que la antigua Ley de Comunicación de Ecuador, promulgada en el Gobierno de Rafael Correa, fue utilizada para silenciar a la prensa.

Promulgar una nueva Ley de Comunicación, como propone el asambleísta electo Xavier Lasso, sería un atentado contra las libertades.

Así lo asegura César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), quien recordó que un cuerpo legal de ese tipo está orientado, primero, a silenciar a la prensa, para luego ir detrás de dirigentes sociales, activistas y ciudadanos.

Ricaurte, durante entrevista en Manavisión, expuso que Ecuador no necesita una nueva Ley de Comunicación. Añadió que durante los cinco años de vigencia de la Ley de Comunicación probada en el 2013 «básicamente lo que asistimos es la imposición por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación». A decir del periodista, hubo sanciones a tres grupos de medios de comunicación. «Aquellos medios de comunicación por decir aquello que disgustaba al poder político; aquellos que no decían lo que el poder político decía y por decir lo que decían terceras personas».

Como consecuencia de la Ley de Comunicación que estuvo vigente en Ecuador desde el 2013, hubo medios que tuvieron que cerrar, según César Ricaurte.

¿Qué provocó en Ecuador la pasada Ley de Comunicación?

El control de los medios de comunicación y del periodismo independiente es un tema recurrente en los planteamientos del antiguo movimiento Alianza País, que actualmente es Revolución Ciudadana (RC).
La pasada Ley, impulsada principalmente por Rafael Correa, fue la cereza del pastel de toda una política de acoso a los medios de comunicación y periodistas del país en esa época.

Esta provocó que a través de la Superintendencia de Información y Comunicación se impusieran más de 800 sanciones a los medios de comunicación y periodistas independientes del país por las más diversas razones.

¿Cuáles eran estas razones principalmente?

Podríamos resumir en que se castigaba a los medios por aquello que decían y le disgustaba al poder político representado por el señor Carlos Ochoa, quien no tuvo ningún empacho en declararse ferviente admirador y militante de la Revolución Ciudadana y que ahora es un prófugo.

También se imponían sanciones a los medios por lo que no decían, bajo la famosa figura de censura por omisión. Es decir, si los medios no publicaban aquello que el poder político pensaba que debían publicar, también se les castigaba.

Y por último, los medios eran sancionados por lo que no decían o decían terceras personas en espacios de entrevistas.

¿Y cuál fue el efecto en el país?

El silenciamiento, la autocensura, el hecho de que muchas personas tuvieran miedo de hablar e investigar. Se eliminaron las unidades de investigación de los medios de comunicación, se despidió a muchas personas, se los debilitó definitivamente.

¿Por qué la insistencia política de una Ley de Comunicación?

Una ley de este tipo es básicamente el primer paso de un modelo político autoritario, que primero controla a la prensa y a los periodistas. Después desemboca en persecuciones a líderes sociales, indígenas, campesinos, estudiantiles y ciudadanos de a pie.

También la sociedad está menos informada y desconoce las acciones del poder, dándose actos de corrupción que no pueden ser investigados.

¿Qué significaría para el país tener una nueva Ley de Medios en la actualidad?

Sería un severo retroceso para las libertades y los derechos en el Ecuador, y para el sistema democrático en general.

Recordemos que la prensa es considerada una de las instituciones democráticas principales, pilar de la libertad y que debería ser fortalecido su papel. Además, con una nueva Ley no solo buscarán tomar el control de los medios tradicionales, sino también de las redes sociales y las opiniones que allí se emitan.

¿Usted cree que los medios de comunicación se pueden regular por sí solos?

Yo creo que hace falta mucho para avanzar en estos procesos de autorregulación. Algo se ha avanzado con códigos de ética, falta mucho por hacer, pero promulgar una ley no es el camino.

Cabe destacar que no es que no existan sanciones para los medios o periodistas que cometan delitos, ya que los casos de injuria o difamación se castigan a través del Código Penal.

G.Y.